El Alto Tribunal considera “manifiestamente inadmisible” el ritmo del Estado en la derivación de los jóvenes
Candelaria Delgado exige que el Gobierno de España cumpla esta vez la orden judicial emitida hace siete meses
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reiterado la necesidad de que el Estado derive a los menores no acompañados de protección internacional a la mayor brevedad posible: “El Tribunal Supremo ha puesto hoy de manifiesto lo que llevamos diciendo desde hace meses, que es que vemos que el Estado no está poniendo todo sobre la mesa para crear esas plazas y sacar a estos chicos y chicas de esa situación de hacinamiento que hay en Canarias”.
Delgado se ha referido al auto acordado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado requerir a la Administración General del Estado para que, en el improrrogable plazo de 15 días, proceda a dar cumplimiento al auto del pasado 25 de marzo en el que le ordenó garantizar el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional (SNAPI) de los menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo que se encontraban a cargo de los servicios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El Tribunal Supremo indica en el nuevo auto que se ha presentado escrito por la Administración canaria, que fue la que instó la medida cautelar adoptada por el tribunal el 25 de marzo, en el que se pone de manifiesto el insuficiente ritmo de ejecución de las medidas acordadas en este incidente por parte de la Administración General del Estado, “manteniéndose la situación de hacinamiento de menores no acompañados solicitantes de protección internacional en las instalaciones de la Administración autonómica, que ya se había puesto de manifiesto en el inicio de este incidente cautelar, e incluso incrementado con la llegada de nuevos menores en la situación mencionada”.
El Tribunal Supremo contesta al respecto que “no le falta razón a la defensa autonómica cuando pone de manifiesto la trascendente demora que se aprecia, y bastaría recordar que la orden que se dio a la Administración General en el auto de marzo, completado con lo declarado en el de mayo, era que el “acceso y permanencia” de los menores en el SNAPI de manera taxativa e inminente y, sin embargo, transcurridos más de siete meses es evidente que, como se aduce por la Administración recurrente, el ritmo de ejecución de dicho mandato es manifiestamente inadmisible”.
Al respecto, Candelaria Delgado señala que “otra vez el Tribunal Supremo, es decir, los órganos judiciales, son los que nos dan la razón. El Tribunal Supremo ha identificado que lo que nosotros decíamos es así y entiende que el Estado no está haciendo caso al auto que emitió hace ya siete meses. Desde el Gobierno de Canarias estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano. Es más, como indiqué el pasado martes, estamos adelantando expedientes para agilizar los trámites cuando ni siquiera el Estado nos los ha solicitado. Esperemos que de verdad ahora hagan caso al Supremo y efectivamente trasladen a esos 529 menores a la Península”.
