Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria (2011-2015) Juan José Cardona, quien llevó el denominado ‘caso Emalsa’ ante Fiscalía en diciembre de 2012, ha declarado este martes que denunció porque le pareció que la filial de los socios privados de la compañía municipal de aguas, Sercanarias, estaba inflando los precios de varios contratos.
La Audiencia de Las Palmas ha retomado este martes el juicio contra los 15 acusados que figuran en la causa, a los que se acusa de haber ocasionado un quebranto de 23,4 millones de euros a la empresa de aguas de la capital grancanaria entre 2008 y 2012, y para los que se piden penas de hasta seis años de cárcel.
Cardona ha explicado ante el tribunal presidido por el magistrado Pedro Herrera que en base a una serie de artículos periodísticos aparecidos en la prensa canaria durante ese mes de diciembre, decidió presentar dicha denuncia ante el Ministerio Público porque, a su juicio, eran informaciones «graves» y que escapaban de su capacidad de gestión como presidente del consejo de administración de la compañía mixta de aguas.
Por aquel entonces, el consejo de administración estaba formado por Saur (33 % del accionariado), Valoriza (otro 33 %) y el propio Ayuntamiento de la capital grancanaria (el 34 % restante).
Así, a Cardona le pareció que la coincidencia en el tiempo de una transferencia por valor de 1,3 millones de euros ejecutada por Emalsa para la compra de una nave en el barrio de Los Tarahales y de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un contecioso que resultó favorable a los dos socios privados también tenía que ser estudiada por la Fiscalía.
A ello se suma, ha ahondado el exalcalde, el hecho de que le pareció que Sercanarias «estaba inflando precios» en los distintos contratos que suscribía con Emalsa, y que ello estaba generando perjuicios a la compañía y a los intereses municipales, y que en un principio tasó entre los 8 y los 10 millones de euros.
Según lo publicado en medios en aquella época, y que ha refrendado Cardona en su extensa declaración, se ponía en entredicho «la veracidad» de los trabajos realizados por Sercanarias por encargo de Emalsa «y la proporcionalidad de los costes de esos trabajos con los efectivamente realizados».
Desde antes de que salieran a la luz dichas informaciones, ha explicado, tomó la decisión de crear un grupo de trabajo municipal con el objetivo de «aumentar el control público» en la gestión de la compañía mixta y «clarificar» el marco de relaciones entre ambas partes, el cual realizó diversos informes que concluyeron después de que presentara la denuncia ante Fiscalía.
Esos informes reflejaban «ciertos incumplimientos contractuales» y que cifraban el perjuicio económico en más de 20 millones de euros, más cercana a la cifra que ha establecido el Ministerio Público en su escrito de acusación.
«No tengo fundamentos para confirmar algo tan contundente sobre la cantidad exacta del perjuicio económico, pero sí puedo afirmar con cierta contundencia que, a tenor de los informes jurídicos municipales, se venían incumpliendo ciertos contratos», ha indicado el exalcalde.
Más adelante en su declaración, ha reconocido que los servicios se prestaban y que no existía en la ciudad una sensación «de desastre», y que no recuerda de aquella época «ningún episodio de catástrofe o de constatación» de que no fuera así.
En esta sesión del juicio, también ha testificado uno de los miembros del equipo que creó Cardona para analizar el marco de relaciones entre el Ayuntamiento y Emalsa.
Este hombre, un «veterano» de la compañía mixta de aguas en la que trabajó durante tres décadas hasta su jubilación, ha explicado que la intención del grupo era «encontrar un punto en la relación entre Emalsa y el Ayuntamiento en el que tanto la concesionaria como la administración pudiesen ver sus aspiraciones cubiertas».
Sin embargo, a renglón seguido ha asegurado que no iba a ser posible alcanzar ese objetivo porque «conforme se iba a investigando y profundizando en las distintas áreas del contrato, había cuestiones que eran insalvables tanto en la depuración, como en el saneamiento, como en la red de aguas fluviales, como en la calidad de los servicios».
«Había serias deficiencias, y era muy difícil llegar a un encuentro», ha agregado el testigo.
La Fiscalía de Delitos Económicos acusa a los 15 imputados de haber ocasionado un quebranto de 23,4 millones de euros a la empresa mixta de aguas entre los años 2008 y 2012 supuestamente mediante la adjudicación de contratos de forma irregular a la empresa Sercanarias, una filial de Saur y Valoriza, y por el contrato de alquiler suscrito en verano de 2008 entre la empresa de aguas y Satocan.
Además de la Fiscalía, figuran como acusaciones el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el comité de empresa de Emalsa y la Asociación Cívica ‘El sol sale para todos’.
La Fiscalía pide condenas de hasta seis años de cárcel a trece de ellos por un supuesto delito de apropiación indebida continuada o, alternativamente, de administración desleal, mientras que para los dos restantes interesa una condena de dos años y nueve meses de cárcel, como cooperadores necesarios del contrato de arrendamiento de la sede de Emalsa a la empresa Satocan, que también cree lesivo. EFE
