El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha recordado que su formación advirtió en abril sobre la necesidad de elaborar un informe «técnico riguroso y zonificado» antes de solicitar la declaración de zona tensionada al Gobierno de Canarias.
Estas declaraciones se producen tras la conclusión del informe encargado al Colegio de Economistas de Las Palmas, el cual establece que la ciudad no cumple con los requisitos legales para dicha declaración. «Nuestra mayor sorpresa fue la pretensión del grupo de gobierno de solicitar la declaración de todo el municipio como zona tensionada, en lugar de delimitar barrios concretos donde los precios han subido de forma más acentuada», señaló Suárez.
En este sentido, el portavoz nacionalista enfatizó que «es evidente que la realidad de barrios como Guanarteme, Arenales o la zona Puerto-Canteras no es la misma que la de El Zardo, Escaleritas o San Lorenzo. Por eso consideramos que la solicitud debía haber sido más precisa, más técnica y menos política, buscando el choque con el gobierno regional».
Coalición Canaria también ha denunciado que, mientras el Ayuntamiento reclama al Ejecutivo autonómico la declaración de zona tensionada, no está ejerciendo con eficacia sus propias competencias en materia de vivienda. «No se están agilizando licencias de obra, no se ha puesto suelo a disposición del ICAVI para vivienda pública, y tampoco se está controlando el auge del alquiler vacacional, con una capacidad de inspección nula», reprochó Suárez.
A este respecto, recordó que «muchos de los nuevos edificios construidos en la zona baja de la ciudad se dedican exclusivamente a vivienda vacacional», algo que, en su opinión, fue potenciado por la modificación de las normas urbanísticas del Plan General, aprobada en el pasado mandato por el PSOE, Podemos y NC. «Aquella decisión permitió que edificios enteros se destinasen a usos turísticos en lugar de residenciales, contribuyendo aún más a la escasez de oferta de alquiler tradicional».
Un informe del Colegio de Economistas de Las Palmas, elaborado junto a la empresa pública Visocan, concluye que Las Palmas de Gran Canaria no cumple con ninguno de los requisitos exigidos por la Ley de Vivienda para ser considerada zona tensionada. La carga media del alquiler o hipoteca más suministros no supera el 30% de la renta media familiar, el incremento de precios en los últimos cinco años no excede en tres puntos el IPC y la ciudad cuenta con un excedente de más de 12,000 viviendas respecto al número de hogares, sin que se detecte una situación estructural de escasez de oferta.
El procedimiento para la declaración de Zona Tensionada aún se encuentra en fase de instrucción, por lo que está previsto que se elaboren todos los informes técnicos que se consideren necesarios. Asimismo, se ha informado que se requerirá al Ayuntamiento la documentación que aún no ha sido aportada, como un cronograma detallado con las medidas concretas que permitan revertir la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada.
Suárez ha reiterado que desde CC llevan meses reclamando la redacción de una memoria técnica que identifique qué zonas pueden considerarse tensionadas y la elaboración de un plan de actuación específico para corregir los desequilibrios del mercado. «Ahora que ya contamos con un informe encargado por el Gobierno de Canarias al Colegio de Economistas, toca esperar su respuesta formal, pero el Ayuntamiento debería asumir su parte de responsabilidad».
Además, el portavoz nacionalista ha valorado las políticas impulsadas por el Ejecutivo regional para hacer frente a la emergencia habitacional, entre ellas el Decreto 1/2024 de Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, que permite a los municipios disponer de nuevos instrumentos para movilizar suelo público y favorecer la construcción de vivienda asequible. Sin embargo, Suárez ha denunciado que «lejos de aplicar esas medidas, el grupo de gobierno liderado por Carolina Darias aprobó en el Pleno, hace apenas unos meses, un acuerdo para suspender la aplicación de varios artículos clave del citado Decreto autonómico, lo que supone una renuncia explícita a herramientas útiles que ya están a disposición del Ayuntamiento».
“Creemos que es importante actuar sobre la oferta, aunque no de forma generalizada en toda la ciudad. Lo que no tiene sentido es pedir más intervención al Gobierno de Canarias mientras el propio Ayuntamiento bloquea y desactiva medidas que están en su mano”, concluyó.
