Garafía (La Palma) (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este jueves sobre la operación policial que ha culminado con el cierre de un centro de menores en Arinaga (Gran Canaria) y la detención de dos directivos de la ONG Quorum 77 por presuntos malos tratos, que «con tantos menores y durante tanto tiempo» es difícil que los controles sirvan.
El presidente regional, en declaraciones a los medios durante la celebración del 40 aniversario del Instituto de Astrofísica de Canarias que ha tenido lugar en La Palma, ha dicho lamentar lo sucedido y ha apuntado que se trata de una investigación en curso y bajo secreto de sumario, si bien lo que ha trascendido, ha agregado, «son delitos de mucha gravedad».
Fernando Clavijo ha agregado que su Gobierno colaborará para que se esclarezcan todos los detalles de este asunto y ha expresado «máxima preocupación» por la vulneración de los derechos de los menores.
«Llevábamos mucho tiempo advirtiendo de que estas circunstancias podían ocurrir y esperemos que sea solo esto», ha señalado el presidente.
Respecto al comienzo de los traslados de los menores tutelados peticionarios de asilo político, Clavijo ha insistido en que se ha tardado cuatro meses en dar inicio a esos traslados y que ha tenido que ser el Supremo quien pusiese «los puntos sobre las íes».
Circunstancias como la investigación en curso y el cierre del centro de menores, ha expresado el presidente autonómico, «nos tienen que hacer llevar a revisar esas fechas y a proceder con la mayor celeridad en la distribución de esos menores, porque es evidente que una comunidad autónoma, un territorio fragmentado como somos en Canarias, es muy complicado que siga manteniendo un nivel de 5.400 menores que tenemos en la actualidad, a nuestro cargo».
Clavijo ha apostillado que se pondrá esta tarde en contacto con la ministra de Infancia, Sira Rego, para hacer seguimiento del asunto ha pedido al resto de presidentes autonómicos que reflexionen sobre su postura «insolidaria», que deviene en circunstancias como lo sucedido con la ONG Quórum 77.
Sobre el cierre del centro de menores, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha declarado también en La Palma que no conoce bien el caso pero que si hay detenciones es «porque hay indicios y supuestos casos donde se ha incumplido gravemente la ley»
Ha recordado asimismo que no es el Gobierno de España la administración responsable de la gestión de ese tipo de centros, sino de otras administraciones o entidades, y ha pedido que se aclaren todas las circunstancias. EFE
