Cerca de 900 personas participaron en la movilización convocada por la plataforma Fuerteventura Tiene un Límite, en el marco de la campaña insular y autonómica Canarias Tiene un Límite, que tuvo réplicas en todas las islas, varias ciudades del Estado y en Berlín.
Bajo el lema “Turismo sí, pero no así”, la manifestación arrancó con cerca de 1 hora de retraso, una vez la Policía Local autorizó la salida. A partir de ahí, los manifestantes recorrieron las calles León y Castillo hasta la Avenida Marítima, en un ambiente reivindicativo pero pacífico, cargado de consignas y pancartas como “Esto no es turismofobia, es canaricidio”, “Por la supervivencia, ley de residencia” o “Fuerteventura no se vende, se ama y se defiende”.
Las demandas principales se centraron en la necesidad de una moratoria turística, una regulación estricta de las viviendas vacacionales, y la paralización de macroproyectos urbanísticos como los hoteles de Canalbión en el Parque Natural de Jandía, el complejo Origo Mare en Majanicho, el hotel de mil camas en Corralejo o el nuevo muelle proyectado en esta misma localidad.
En el acto final de la protesta, con la lectura de un manifiesto en la Plaza de la Iglesia, se expusieron propuestas concretas como la creación de un consorcio público de abastecimiento de agua basado en energías renovables y depuradoras biológicas, y se criticó con dureza el modelo actual: “Más del 40% de las viviendas en La Oliva son vacacionales, eso está expulsando a la población local”, afirmaron desde la organización.
Los manifestantes también denunciaron la explotación laboral en el sector turístico, con empleados trabajando jornadas excesivas por sueldos precarios, mientras los beneficios de la industria no se redistribuyen de forma equitativa.
Otro foco de atención fue la juventud de la isla. Según se expuso, los jóvenes majoreros no se van por elección, sino porque no encuentran oportunidades de vida en su tierra. La falta de empleo, el encarecimiento de la vivienda y la presión demográfica derivada del crecimiento de la población extranjera —con especial mención al aumento de residentes italianos de 7.000 a 40.000 en cinco años— fueron presentadas como causas de un desequilibrio cada vez más difícil de sostener.
En lo referente a las energías renovables, se exigió una planificación que evite la ocupación de suelos agrícolas, apostando por instalaciones en cubiertas y zonas ya antropizadas, preservando así los recursos naturales de la isla.
La protesta contó con la participación de más de setenta colectivos ciudadanos, sindicatos como Intersindical Canaria y CCOO, y representantes políticos de formaciones como Nueva Canarias y el Partido Socialista.