El Cabildo de Fuerteventura ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo contra la orden de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, que declara de interés general el proyecto de subestación eléctrica Majorera 132/30 kV, ubicado en el municipio de Tuineje.
La presidenta de la institución insular, Lola García, ha manifestado su respaldo a las energías renovables, pero ha defendido que la planificación debe realizarse con la participación de la ciudadanía y las administraciones locales. “Desde el Cabildo estamos a favor de las renovables, pero siendo la sociedad e instituciones majoreras las que decidamos dónde se implantan”, afirmó.
García ha criticado la actuación de determinadas empresas que, según sostiene, se aprovechan de vacíos legales para avanzar en sus proyectos sin respetar los posicionamientos institucionales. “Nos oponemos a las empresas que abusan de un artículo de la ley para saltarse el posicionamiento de las instituciones locales y colocar instalaciones donde les plazca, de manera arbitraria”, añadió.
Por su parte, la consejera de Ordenación del Territorio, Nereida Calero, ha denunciado el uso indiscriminado del artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias. “El artículo 6 bis se utiliza de forma sistemática, sin responder a motivos de urgencia o excepcionalidad, permitiendo a las empresas instalar libremente proyectos energéticos sin respetar las particularidades de Fuerteventura y nuestro modelo de isla”, explicó.
En este contexto, el Cabildo acordó el pasado 31 de enero ejercer un requerimiento previo, solicitando a la Consejería la anulación de la declaración de interés general del proyecto e instándole a seguir el procedimiento ordinario para su autorización. Ante la falta de respuesta dentro del plazo legal, el gobierno insular ha optado por acudir a la vía judicial.
“Como no hemos recibido respuesta alguna dentro del plazo, acudimos ahora a los tribunales por la vía del contencioso-administrativo como ya lo hemos hecho con otros nueve proyectos”, concluyó Calero.
El conflicto se suma a otros casos similares en los que el Cabildo majorero ha recurrido decisiones adoptadas sin el respaldo institucional ni el consenso social en torno a la implantación de infraestructuras energéticas en la isla.
