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El Congreso debate este jueves la convalidación del real decreto ley para la reubicación de menores migrantes no acompañados desde zonas con sus recursos tensionados, como Canarias o Ceuta, a otras regiones en las que puedan ser mejor atendidos.
Salvo sorpresas de última hora, el Decreto Ley será convalidado hoy, ya que el Gobierno lo aprobó el pasado 18 de marzo tras un acuerdo con Junts para que la formación independentista catalana apoyara con sus votos la medida, que reforma el artículo 35 de la ley de extranjería.
Se espera, por lo tanto, un final muy diferente al del pasado 23 de julio, cuando un texto con el mismo espíritu llegó al Congreso en forma de proposición de ley registrada por el PSOE, Sumar y Coalición Canarias y no superó su toma en consideración por la falta de apoyos de Vox, PP y Junts.
Una negociación larga y ardua
Desde entonces, el Ejecutivo central y el canario han negociado entre sí un nuevo texto y, después de meses de infructuosas conversaciones con el PP, el Gobierno alcanzó un acuerdo con Junts para garantizar su posterior convalidación, mientras ha tendido la mano al PP hasta el último momento para que también la refrende.
El real decreto ley, que entró en vigor el pasado 20 de marzo, reforma la ley de extranjería para articular un mecanismo permanente de reubicación de los jóvenes que han migrado solos desde zonas de llegada cuando sus recursos de acogida lleguen al 300 % de su capacidad.
Además, significará el traslado, en el primer año, de unos 4.000 menores desde Canarias y 400 desde Ceuta, aunque las cifras aún no están cerradas.
Desde que se aprobó este real decreto ley, ha despertado duras críticas de las comunidades gobernadas por el PP, que han acabado reconociendo que cumplirán la ley, aunque muchas de ellas han anunciado que la recurrirán ante el Tribunal Constitucional.
El primer paso para poner en marcha el mecanismo es saber cuántos menores migrantes no acompañados hay en España y cuántos acoge cada región, y para ello el Gobierno ha pedido a todas las comunidades que informen de sus cifras, lo que ya ha dado problemas.
Aragón no ha dado sus datos porque ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid esta petición de información y otras como Madrid no han facilitado las cifras de la forma que se les solicitaba, por lo que el Gobierno ha dado de margen hasta este jueves para hacer las aclaraciones oportunas.
En medio de estos primeros pasos del decreto ley, para lo que el Gobierno ha creado un Grupo de Trabajo, el pasado 26 de marzo el Tribunal Supremo ordenó al Ejecutivo hacerse cargo en diez días de unos mil menores no acompañados solicitantes de asilo que están en Canarias.
