El presidente llama la unidad de las fuerzas políticas, económicas y sociales del archipiélago para dar la “batalla” contra el pacto Estado-Generalitat y la “injusta” condonación de la deuda
Clavijo y Domínguez alertan de que está en juego el mantenimiento de los servicios esenciales en las islas, ya que Canarias se arriesga a perder 2.457 millones anuales de financiación
El presidente Fernando Clavijo anunció este martes que el Gobierno de Canarias dará una “batalla política y jurídica” en defensa de una financiación justa para el archipiélago. De cara a esta ofensiva, el jefe del Ejecutivo autonómico y el vicepresidente Manuel Domínguez han propuesto este martes a los grupos parlamentarios el cierre de un frente común con el que combatir amenazas como la salida de Cataluña del sistema de financiación común y la condonación de la deuda aprobada hoy en Consejo de Ministros.
Durante la reunión, el titular del Gobierno ha informado a los portavoces sobre las consecuencias que tendría para el archipiélago el acuerdo entre el Estado y la Generalitat para Canarias. En concreto, según cálculos de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, la salida de Cataluña del régimen común supondría para las islas la pérdida de 2.457 millones de euros anuales.
Además, Clavijo explicó que los criterios aplicados por el Gobierno español para condenar deuda a las comunidades autónomas provocan que Canarias “salga peor de lo que entra”. El presidente indicó que Hacienda perjudica al archipiélago en 1.700 millones de euros al fijar un tope del 50% en la quita, cantidad que se incrementa al descontar también el superávit financiero de los últimos años.
A su juicio, se trata de criterios “discriminatorios” contra los que el Ejecutivo autónomo va a luchar “haciendo su tarea” con toda una “estrategia política y jurídica”, empezando por trabajar para que el decreto ley aprobado en Consejo de Ministros se corrija a su paso por el Congreso de los Diputados. “Lo justo es que a los canarios se les condene la misma deuda que a cada catalán”, indicó tras criticar que el Estado haya optado por penalizar a Canarias siendo el territorio que ha gestionado sus recursos con rigor y seriedad.
Clavijo hizo un llamamiento por tanto a “cerrar filas en defensa de Canarias” para exigir al Estado “como una sola voz lo que es nuestro”. Recordó que este “modo canario” de hacer política ya ha dado buenos resultados ante otros desafíos del archipiélago como la migración, por lo que espera que todos los grupos parlamentarios secunden una alianza por una financiación autonómica justa y no por un sistema que genere “ciudadanos de primera y de segunda”. “Están en juego nuestros servicios esenciales”, afirmó el presidente tras recordar que la pérdida de financiación estatal pone en riesgo “la educación, la sanidad y el sistema de protección social”.
El jefe del Gobierno considera que la reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios supone “empezar con buen pie” esta ofensiva política por una financiación justa, ya que se mantiene una “foto de unidad política respecto a los grandes retos que tiene por delante Canarias”.
También el vicepresidente Manuel Domínguez destacó la capacidad del Gobierno de Canarias para buscar el diálogo con todos los grupos parlamentarios, en esta ocasión para “defender los intereses de esta tierra por encima de todo” en una futura negociación del sistema de financiación autonómica.
Según explicó, tanto el acuerdo con Cataluña como la condonación de la deuda aprobada este martes en Consejo de Ministros perjudican con claridad al archipiélago, ya que ambas iniciativas del Estado “crean desigualdad entre comunidades autónomas y provocan que haya ciudadanos de primera y de segunda”. Domínguez reclamó que se reconozca que Canarias esta infrafinanciada con el actual modelo y que esté presente en todos los foros de debate para defender esta posición.
Recursos básicos
El presidente Clavijo agradeció al equipo de la Consejería de Hacienda comandado por Matilde Asián el “riguroso” informe entregado a los grupos parlamentarios sobre las amenazas que se ciernen sobre la financiación de Canarias. El documento recuerda que el 75% del presupuesto de Canarias depende de los fondos que llegan del sistema de financiación autonómico, un dato que evidencia que las transferencias del Estado constituyen la principal fuente de ingresos de la comunidad autónoma, ingresos que mantienen servicios esenciales como la sanidad y la educación.
El Sistema de Financiación Autonómicos (SFA) es el conjunto de recursos, tributos cedidos y transferencias, destinados a financiar la totalidad de las competencias de las comunidades autónomas de régimen común, entre ellas, los servicios públicos fundamentales como sanidad, educación y servicios sociales. En la actualidad, el modelo en vigor desde el 1 de enero de 2009 se sustenta en el principio de solidaridad interterritorial, contemplado en la Constitución.
Sin embargo, el acuerdo suscrito el pasado 14 de julio por la comisión bilateral Generalitat-Estado podría alterar la balanza en el marco de la reforma del sistema de financiación y de asunción de competencias en el IRPF por parte del gobierno catalán. Grosso modo, contempla la cesión de todos los impuestos soportados en Cataluña y que la aportación catalana a las finanzas del Estado se desglose en el coste de los servicios que el Estado presta en esta comunidad y una aportación a la solidaridad. Aunque no se concreta esa aportación solidaria, estará limitada al principio de ordinalidad y a comunidades con un esfuerzo fiscal similar (que no es el caso de Canarias).
Ante esta situación, el Gobierno de Canarias defiende que el nuevo modelo, en el caso de concretarse, cuente con los recursos adicionales suficientes y respete como mínimo el grado de nivelación o solidaridad del SFA actual en el que ninguna comunidad autónoma presente una distancia negativa con la media superior en torno al -5%. Un grado menor de solidaridad perjudicará a las CCAA con menor recaudación tributaria, como Canarias.
Además, la CAC no debe perder participación en la variable insularidad en la población ajustada, en todo caso incrementarla. La inclusión de las nuevas variables correctivas como costes fijos y despoblación, no debe conllevar a una pérdida del actual 0,6% de la insularidad y dentro de este, del porcentaje que corresponde a la CAC del 79,91%.
Hay que tener presente que si hay un factor geográfico que supone una diferencia sustancial en cómo se prestan los servicios públicos frente a las otras CCAA, es la “ultraperificidad”, por lo que el peso de la variable insularidad en ningún caso deberá descender frente a su ponderación en el sistema de financiación actual.
También es importante que el sistema considere el nivel de renta en la población ajustad puesto que los niveles de renta y de pobreza tienen una clara incidencia en la demanda de los servicios públicos fundamentales y, por tanto, en las necesidades de gasto de cada una de las comunidades autónomas, como es el caso de Canarias.
Otro de los aspectos más relevantes para la CAC es que no se cuestionen la adicionalidad de los recursos del REF, tal y como establece el artículo 166 del Estatuto de Autonomía de Canarias. El Gobierno de Canarias ve imprescindible que la próxima reforma del SFA, garantice la adicionalidad efectiva de los recursos del REF e insta a todos los grupos políticos a unirse activamente a esta defensa.
Condonación de la deuda
Por otro lado, para el Ejecutivo autónomo, la metodología utilizada por el Estado para el cómputo de la condonación de la deuda a las comunidades autónomas es arbitraria y discriminatoria, ya que supone un perjuicio de 1.710 millones de euros para Canarias pese a ser una comunidad cumplidora con los objetivos de déficit y endeudamiento. El Estado condonará al archipiélago 3.245 millones de euros.
Según la metodología del Ministerio, en la fase 2 se favorece a las comunidades más endeudadas, lo que para la Consejería de Hacienda “supone un agravio comparativo con aquellas que, como Canarias, han demostrado mayor responsabilidad financiera”. Además, en la fase 3 se introduce una limitación que establece que el importe total a condonar no puede superar el 50% de la deuda. Esta limitación solamente afecta a las cifras de Canarias y supone un grave perjuicio en el cómputo final.
Por último, el anteproyecto introduce otra penalización al señalar que del importe total a absorber de cada comunidad autónoma se detraerá la deuda pendiente de reducir o cualquier otro exceso de financiación de ejercicios anteriores. Esto afecta directamente al superávit de la comunidad autónoma, que se deducirá del importe de deuda pública que asumirá el Estado, y que, además, tendrá que destinarse obligatoriamente a la reducción de deuda. En ningún caso, se podrá destinar a garantizar las necesidades de los canarios ni a rebajar impuestos.
Junto al presidente y al vicepresidente han participado en nombre del Gobierno en el encuentro celebrado este martes la consejera de Hacienda, Matilde Asián, la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, y el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello. En representación de los grupos parlamentarios han estado en la reunión Sebastián Franquis (PSOE), José Miguel Barragán (CC), Luz Reverón (PP), Luis Campos (NC), Jesús Ramos (ASG), Nicasio Galván (VOX) y Raúl Acosta (Grupo Mixto).
