Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el texto definitivo del proyecto de la nueva la Ley de Ciencia de la comunidad autónoma, que sustituirá a la normativa vigente desde 2001, considerada «totalmente desfasada», según ha declarado la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha reunido este lunes en Arrecife (Lanzarote), Machín ha explicado que esta ley se ha elaborado porque la anterior no está adaptada al marco legal actual en materia de ciencia, investigación y tecnología del archipiélago.
Además, ha destacado que responder a una de las peticiones que tenía el sector, del que tanto empresas, universidades, centros de investigación y ciudadanía han participado en su redacción.
Con esta ley, ha indicado Machín, se simplifican los trámites administrativos, se incrementa la financiación, se impulsan órganos de gobierno más activos y una fiscalidad reducida, además de fomentar la transferencia de conocimiento al tejido productivo y mejorar la gobernanza del ecosistema de ciencia e innovación en Canarias.
Según ha defendido el Ejecutivo en un comunicado, la nueva norma otorga prioridad administrativa a los procedimientos vinculados a la I+D+i, establece órganos de coordinación y asesoramiento científico, y crea un entorno más estable para la contratación y la carrera investigadora, «clave para atraer y retener personal cualificado en el ecosistema de innovación de las islas».
Además, la ley sienta las bases para el desarrollo del Plan Canario de Investigación, Desarrollo e Innovación, que permitirá articular programas específicos de fomento de la investigación, digitalización empresarial y apoyo al emprendimiento científico en sectores estratégicos.
«Este instrumento reforzará la coordinación entre administraciones y alineará las políticas canarias con los objetivos europeos de competitividad, sostenibilidad y crecimiento basado en el conocimiento», ha indicado en la nota el Gobierno canario.
La ley será remitida al Parlamento con el objetivo de que sea aprobada a lo largo de 2025, según ha señalado Machín. EFE
