El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha aclarado en comisión parlamentaria que el Ejecutivo velará por el cumplimiento de la normativa sobre la aplicación de las rentas máximas en el alquiler de vivienda protegida, especialmente en el caso de las 56 viviendas protegidas del Edificio Pelayo, en Puerto del Rosario, de la que se ha conocido la aplicación errónea de los cobros a los arrendatarios.
Estas viviendas fueron promovidas por una entidad privada que se acogió a las subvenciones del Plan Canario de Vivienda 2020-2025, y que fueron calificadas como protegidas en régimen general en alquiler por un plazo de diez años mediante una resolución firmada el 21 de febrero de 2023.
En esta línea, el consejero ha señalado que el Instituto Canario de la Vivienda ha mantenido un encuentro con los vecinos tras recibir denuncias de inquilinos sobre subidas de renta que supuestamente no se ajustaban a los límites establecidos. Ha aclarado que “aunque las viviendas no son de titularidad pública, están sometidas a control público en cuanto a la renta máxima permitida y las condiciones de acceso, conforme lo establecido en la normativa vigente. En este caso, la renta máxima de arrendamiento debe ajustarse a lo establecido en el decreto 24/2020, vigente en el momento de calificación de la promoción”.
En un encuentro mantenido el 14 de abril, el ICAVI ha explicado a ambas partes la normativa aplicable y los topes legales que deben respetarse. Como resultado de este proceso, la empresa promotora se ha comprometido a dejar sin efecto las actualizaciones de renta que no cumplían con la normativa vigente.
“En esta reunión se ha aclarado uno de los aspectos clave en esta situación”, el índice de actualización de la renta. Los contratos firmados antes del 26 de mayo de 2023 se actualizan según el IPC. Los posteriores, de acuerdo con la Ley estatal por el derecho a la vivienda, deben hacerlo con el nuevo Índice de Referencia aprobado por el Ministerio.
El consejero ha detallado que “desde entonces, no se han recibido nuevas quejas formales. No obstante, los escritos presentados por los residentes siguen su tramitación administrativa ordinaria. En caso de que se acredite algún incumplimiento de la resolución de calificación o de la normativa aplicable, se actuará en consecuencia, iniciando el correspondiente expediente sancionador”.
«Estamos hablando de viviendas privadas con calificación protegida, que están sujetas a una regulación clara y rigurosa«, ha afirmado Rodríguez. «El Instituto ha actuado con diligencia y seguirá haciendo un seguimiento estrecho para garantizar que se cumplan los derechos de los inquilinos y la legalidad vigente».
Proyectos de vivienda en marcha en Fuerteventura
En la isla de Fuerteventura, el ICAVI, que dirige Antonio Ortega, cuenta con cuatro proyectos que se desarrollarán dentro del programa 6 de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes: 28 inmuebles en la Calle El Bernegal, 47 viviendas en la Calle Don Quijote, en Puerto del Rosario, 77 inmuebles en La Oliva y 24 en Rosa Vila. En el marco de este programa, firmado entre el Estado y el Gobierno de Canarias, se está preparando una adenda a través de la cual el Cabildo de Fuerteventura contribuirá a la construcción de estas viviendas con una aportación económica de 1.683.598 euros.
Asimismo, a través del programa 1, destinado a actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea, la Consejería rehabilitará 50 viviendas en el barrio de Fabelo, en Puerto del Rosario, 40 en La Oliva y 10 en el Valle de Santa Inés.
En este sentido, el Gobierno de Canarias dispondrá de un total de 28.672.246,08 euros para llevar a cabo diversas actuaciones en materia de construcción y rehabilitación. De esta cantidad, 26.396.117 euros serán destinados a la construcción a través del programa 6, mientras que los 2.276.129,08 euros restantes se emplearán en intervenciones de rehabilitación, a través del programa 1.