El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, asegura que ha adoptado esta medida para “proteger a consumidores y autónomos y defender el interés general en un ámbito que afecta de forma directa al coste de la vida”
El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, anunció este martes, 16 de junio, el inicio de una campaña de inspección en 78 estaciones de servicio de todo el Archipiélago para analizar el comportamiento del mercado de combustibles en Canarias y determinar las causas de las disfunciones detectadas en los informes encargados por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
El análisis revela una asimetría estructural en la traslación de los precios internacionales al surtidor. Cuando el precio del petróleo sube, la subida se repercute con gran rapidez, en apenas 48 a 72 horas; sin embargo, cuando el crudo baja, la reducción tarda mucho más en llegar a los consumidores, con demoras de entre 10 y 13 días para reflejar solo una parte de la bajada. Esta diferencia de comportamiento, conocida como el efecto cohete y el efecto pluma, perjudica de forma directa a las familias, a los autónomos y al conjunto de la actividad económica canaria.
Manuel Domínguez ha asegurado que la actuación del Ejecutivo responde a “una preocupación clara por el impacto de esta situación sobre la ciudadanía”. “Nos sorprendió que los combustibles subieran de forma casi inmediata en el Archipiélago y, por eso, hemos querido analizar con rigor qué ha ocurrido y si estamos ante un comportamiento normal del mercado o ante una situación anómala”, afirmó.
El informe también concluye una elevada concentración del mercado, en el que cuatro enseñas controlan el 76,7% de la red de estaciones de servicio del Archipiélago, mientras que la presencia de operadores independientes es significativamente reducida. Ante este escenario, el vicepresidente del Gobierno considera necesario actuar “con transparencia y con instrumentos de inspección que permitan conocer con detalle la estructura de formación de precios de los operadores incluidos en la muestra”.
En este sentido, la campaña se centrará en un requerimiento formal de documentación a los operadores seleccionados, con el objetivo de obtener información precisa sobre su política de precios durante el periodo analizado y determinar si las diferencias observadas responden a una mera inercia de mercado o a factores que requieran nuevas actuaciones.
La campaña inspectora se llevará a cabo, mediante encomienda, por el servicio de inspección de la Dirección General de Comercio y Consumo. Los resultados serán remitidos al Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente de la Viceconsejería de Economía, que, tras el análisis de los datos facilitados, adoptará la decisión oportuna, pudiendo archivar las actuaciones o en su caso tramitar el expediente sancionador, que una vez instruido será elevado al Consejo Canario de Defensa de la competencia o en su caso a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para su resolución.
Domínguez añadió que, “si de este estudio se desprende que ha habido una conducta irregular o un abuso, el Gobierno actuará en consecuencia, porque no vamos a dejar pasar una situación que perjudica a los consumidores canarios”. Asimismo, insistió en que “la medida responde a una prioridad clara: defender el interés general en un ámbito que afecta de forma directa al coste de la vida, a la movilidad y a la competitividad de las empresas canarias”.
