“Los vecinos tienen derecho a saber cuál será el futuro de su barrio y si su hogar va a estar en riesgo por decisiones tomadas por el gobierno municipal, conformado por PSOE, Podemos, Nueva Canarias y el representante de Primero Canarias”, señala Carlos Ester, presidente de los populares grancanarios.
Los populares acusan al gobierno municipal de “haber mantenido discursos contradictorios”.
El Partido Popular de Gran Canaria estuvo presente en el barrio de Las Torres, con su presidente, Carlos Ester, y la portavoz municipal, Jimena Delgado, a la cabeza, para acompañar a las familias afectadas, escuchar su testimonio y sumarse a las denuncias sobre los riesgos que la modificación del planeamiento que pretende el gobierno municipal supone para los habitantes de la zona.
Durante el encuentro, los dirigentes populares realizaron un recorrido que evidenció las consecuencias que tendrá el plan propuesto si no se accede a las modificaciones pertinentes, que exigen quienes serán perjudicados.
Antecedentes
Desde enero de 2025 se tramita una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el ámbito de la Nueva Ciudad Alta, que incluye al barrio de Las Torres como zona central del proyecto. Solo el gobierno municipal (PSOE, Podemos, Nueva Canarias y José Eduardo Ramírez) votó a favor de su inicio.
Los vecinos alertaron pronto sobre visitas recibidas de agentes inmobiliarios en febrero, lo que generó alarmas y preocupación. En junio, el PP presentó una moción para que se revisara la llamada “Alternativa 2” del proyecto (la variante propuesta en el borrador inicial) y se abriera un diálogo con los residentes, pero fue rechazada por el gobierno municipal.
En julio, el proyecto obtuvo un informe ambiental favorable y se empezaron a citar a quienes presentaron alegaciones. Durante agosto y septiembre se mantuvieron reuniones con vecinos. Sin embargo, en septiembre, estos presentaron un recurso contencioso contra dicho informe, judicializando el proceso.
El principal punto conflictivo es que la Alternativa 2 propone que zonas donde actualmente hay 127 edificaciones de viviendas (casas terreras, manzanas consolidadas) sean recalificadas como espacios libres o dotacionales, lo que implicaría expropiaciones forzosas si el plan se aprobase sin modificaciones. Los documentos oficiales del proyecto, incluyendo el Documento Ambiental Estratégico, hacen referencia exclusiva a esa alternativa como la que “mejor se adapta a los objetivos de la modificación”.
Los populares acusan al gobierno municipal de “haber mantenido discursos contradictorios”: mientras la alcaldesa Carolina Darias asegura que “no habrá expropiaciones” y que las viviendas permanecerán en sus condiciones actuales, desde el área de Urbanismo se reconoce la posibilidad de impactos, señaló la portavoz municipal.
Con esta visita, el Partido Popular busca visibilizar la “preocupación real y cotidiana de los vecinos”, mostrando su apoyo a una movilización vecinal “legítima y no instigada por partidos”. Además, busca ejercer presión política para que el gobierno local rectifique el rumbo antes de que el expediente avance irremediablemente.
El líder de los populares grancanarios, Carlos Ester, afirma que “el Partido Popular ha tenido una posición clara desde el principio: el planeamiento urbanístico no puede hacerse de espaldas a los vecinos”. Por ello, continuarán “donde hemos estado siempre, del lado de los vecinos, que tienen derecho a saber cuál será el futuro de su barrio y si su hogar va a estar en riesgo por decisiones tomadas por el grupo de gobierno”, recordando que este está compuesto por el PSOE, Podemos, Nueva Canarias y un edil recientemente incorporado a las filas de Primero Canarias.
