Madrid (EFE).- El Tribunal Supremo ha requerido al Gobierno para que un plazo improrrogable de 15 días asuma la acogida de los menores extranjeros solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias, tal y como ordenó el Alto Tribunal el pasado mes de marzo.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo hace este requerimiento tras recibir un escrito de Canarias, en el que el Ejecutivo regional alertaba del insuficiente ritmo de ejecución de la medida cautelar adoptada por el Supremo, por la que la administración debe hacerse cargo de un millar de estos menores.
Se trata del tercer aviso que el Supremo lanza al Gobierno desde que en marzo le ordenó que asumiese la acogida de los menores que requieren de protección internacional, momento en el que fijó un plazo de 10 días para cumplir esta medida, como recuerda el auto, dictado el pasado martes.
Transcurridos más de siete meses de aquella orden, el Supremo ve «evidente» que, como aduce Canarias, «el ritmo de ejecución de dicho mandato es manifiestamente inadmisible», y da un nuevo ultimátum a la Administración General del Estado para que cumpla la orden de acoger a estos menores «sin posibilidad de excusa o reparo alguno».
El Gobierno central inició el pasado mes de agosto los primeros traslados de menores solicitantes de asilo a la península, pero Canarias ha denunciado la lentitud en las derivaciones y, a fecha del 21 de octubre, cifró en 191 los menores trasladados por el Gobierno y en 899 el número de estos niños que aún atendían los servicios regionales.
El Supremo pide adoptar medidas urgentes
El tribunal insta al Ejecutivo a adoptar con urgencia cuantas medidas sean necesarias y responde así a las quejas de Canarias, que advirtió de que se mantenía la situación de «hacinamiento» de los menores en sus instalaciones e incluso se ha incrementado por la llegada de más menores en la misma situación.
La Sala reprocha que no se haya tomado una decisión firme y taxativa para integrar a los menores en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional (SNAPI) y no ve previsible que ese resultado, su integración en el sistema, se produzca con «lento ritmo» de las actuaciones.
Por otra parte, Canarias le ha comunicado al Supremo que el Gobierno tiene intención de efectuar las derivaciones siguiendo los criterios de la reforma de la ley de extranjería, por lo que teme una mayor demora.
Al respecto, el Supremo apunta que lo relevante es que el Gobierno ejecute las medidas a las que está obligada y no el medio para hacerlo, siempre que se proteja el interés superior del menor.
El Supremo avisó de posibles sanciones
En sus requerimientos para que el Gobierno cumpla la medida cautelar impuesta, el Supremo llegó en junio a advertirle de que si no cumplía lo ordenado podría imponer medidas coercitivas a los responsables y en su último auto al respecto ha recordado el aviso sobre posibles «apercibimientos».
También impuso el Supremo que Canarias y el Ejecutivo le informasen cada 15 días sobre el proceso y volvió a apremiar al Estado a cumplir su mandato el pasado mes de julio.
Los menores a los que la administración central debe acoger en su sistema son niños y adolescentes que han migrado solos, sin referentes adultos, a través de peligrosas travesías y presentan múltiples vulnerabilidades, pues han pedido protección internacional en España porque sufren persecuciones en sus países o temen sufrir daños graves si vuelven a su lugar de origen.
