El Gobierno ha decidido interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la sentencia del Tribunal General sobre la prohibición de la pesca de fondo en determinadas zonas del Atlántico calificadas de ecosistemas marinos vulnerables. Esta sentencia rechaza el recurso que el Gobierno de España puso en noviembre de 2022 contra el reglamento europeo que fijó estas zonas.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha explicado que la decisión se ha tomado tras realizar una amplia consulta con los servicios jurídicos del Estado y constatar que hay base suficiente para argumentar el recurso. El ministerio también ha mantenido contactos al respecto con las comunidades autónomas afectadas, Galicia y Asturias, y con las organizaciones del sector pesquero.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación considera que el Tribunal General no ha tenido en cuenta en su resolución el impacto socioeconómico de la medida, lo que va en contra de los principios de la Política Pesquera Común (PPC) que basa la sostenibilidad en tres pilares: ambiental, económico y social.
Protección de aguas marinas
De acuerdo con ellos, el ministerio entiende que el legislador está obligado a realizar una ponderación específica y motivada del interés de la protección del medio ambiente marino con los intereses de las personas que llevan a cabo actividades pesqueras y los aspectos socioeconómicos de esas actividades.
“Nos parece lógico que la Comisión Europea disponga de un margen amplio para decidir sobre la protección de zonas marinas vulnerables, pero no puede excluir los aspectos económicos y sociales de las medidas que se adoptan, porque no son meramente ambientales”, ha señalado el ministro.
Este argumento ya fue esgrimido por el Gobierno de España en el recurso de anulación que interpuso en noviembre de 2022 contra el Reglamento de Ejecución 2022/1614 de la Comisión Europea que prohíbe la pesca en 87 áreas de la plataforma atlántica en profundidades comprendidas entre 400 y 800 metros, consideradas como ecosistemas marinos vulnerables. El Reglamento fue también recurrido por la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela (Lugo). El recurso fue rechazado por la sentencia del Tribunal General que ahora se va a recurrir, publicada el pasado 11 de junio.
El ministerio aduce que la aplicación del reglamento, en vigor desde octubre de 2022, ha tenido un importante impacto sobre la flota de palangre de fondo, que ha visto reducida sus capturas de merluza en un 32 % de media por barco -un 39 % en el caso de la lonja de Burela, una de las más importantes de esta especie. Además de la interposición del recurso, Luis Planas ha anunciado que el ministerio tiende la mano a la Comisión para dialogar y negociar la exclusión del palangre de fondo de la prohibición de pesca en estas zonas vulnerables.
El ministro ha explicado que existen informes científicos que evidencian que el palangre de fondo tiene un muy bajo impacto sobre los fondos marinos, y que además, la especie que captura principalmente, la merluza, no habita en contacto con ellos. La Comisión Europea no consideró estos informes cuando aprobó el reglamento sobre los ecosistemas marinos vulnerables.
Según el ministro “es profundamente injusto que se aplique la prohibición al palangre de fondo, una flota que ha realizado un trabajo muy importante de reconversión hacia una arte que es más sostenible y merece la consideración de apoyo”.
