“Ni son viviendas ilegales ni el Gobierno puede decidir si lo son o no”, subrayó la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, quien hizo alusión al contenido de la carta dirigida por la ministra de Vivienda a las comunidades autónomas
La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, afirmó hoy en el Pleno del Parlamento de Canarias que “el Gobierno de España no tiene competencias para retirar viviendas del mercado turístico, puesto que en materia de ordenación del territorio, urbanismo y turismo las tenemos las comunidades autónomas”.
Jéssica de León respondió así a una pregunta parlamentaria relacionada con el anuncio del Ministerio de Vivienda acerca de la retirada de 53.000 pisos turísticos ilegales, de los cuales 8.698 estarían en Canarias.
A este respecto, fue tajante al afirmar que “el anuncio realizado por el Gobierno de España carece de fundamento”, y subrayó que “no se ha retirado ni una sola vivienda del mercado turístico”. “Lo que ha ocurrido es que, al no obtener el número de registro en la ventanilla única digital, esas viviendas no pueden publicitarse en determinadas plataformas como Airbnb o Booking”, y puntualizó, además, que “eso no implica que dejen de ejercer su actividad turística, ni que sean ilegales”.
La consejera explicó que “afirmar que estas viviendas se incorporan automáticamente al mercado residencial o que están fuera de la legalidad es, sencillamente, engañar a la ciudadanía” y relató que esas viviendas se podrán comercializar por otras vías como páginas web propias, redes sociales, portales inmobiliarios o incluso a través del boca a boca. “Es decir, la actividad turística puede continuar, aunque con restricciones en la visibilidad digital”, indicó.
De León fue crítica con el Gobierno de España, “que ha vuelto a actuar en solitario, sin consenso con las comunidades autónomas” y señaló que “desde esta Consejería, hemos solicitado formalmente la relación completa de los 8.698 pisos detectados en Canarias a partir de las revocaciones en el registro único estatal, para poder verificar si realmente son ilegales, si han sido dados de baja voluntariamente o si, simplemente, no han completado el proceso registral”, añadió.
Carta de la ministra de Vivienda
La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias hizo publica una carta recibida por parte de la ministra de Vivienda en relación con este asunto donde leyó textualmente: “Desde el Gobierno de España ponemos a vuestra disposición todos los datos para que, en el marco de vuestras competencias, podáis inspeccionar y clausurar estas viviendas”.
Jéssica de León recalcó que “el Estado está reconociendo en esta comunicación que no ha clausurado ninguna vivienda y no ha incorporado ninguna al mercado residencial”.
La consejera se refirió a un documento Excel adjunto que incluye la relación de pisos turísticos ilegales y criticó el incumplimiento flagrante del Real Decreto por parte del Estado que especifica que “las altas, suspensiones y bajas de los números de registro se notificarán de forma telemática por la Ventanilla Única Digital a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que puedan ejercer las funciones de inspección y control establecidas en sus respectivas normativas”.
Además, la responsable de Turismo indicó que el pasado mes de julio el Gobierno de Canarias solicitó formalmente la adhesión a la Ventanilla Única Digital para la gestión telemática de altas, suspensiones y bajas del registro de viviendas turísticas, cumpliendo con lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto correspondiente. A pesar de esta petición, la respuesta recibida por parte del Ministerio este mes de septiembre ha sido insuficiente y se han detectado errores técnicos que han dificultado la integración efectiva.
De León dedicó a la bancada del partido socialista otro extracto de la carta donde el Gobierno de España pide “valentía para regular una actividad que colisiona con la función social de la vivienda. Os insto a que actuéis para afrontar este fenómeno”, reza el texto.
En este sentido recordó que el Partido Socialista en Canarias solicitó dos prórrogas para retrasar la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda, “¿dónde está entonces su compromiso con la regulación?”, sentenció.
Además, criticó la Ley de Vivienda estatal por ser “un verdadero efecto llamada para la proliferación de pisos turísticos”.
