Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La Audiencia Nacional se ha declarado incompetente para decidir sobre el recurso a la negativa de implantar un hidroaeródromo en el puerto de Tenerife, presentado por sus promotores en base a la decisión de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Gobierno central de dar por finalizado el proceso.
Según fuentes de la empresa promotora, en estos momentos todos los informes son negativos tanto en lo que respecta a la Autoridad Portuaria, como Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y el Estado, lo que se justifica «por ser la primera experiencia que se quiere implantar en España».
La AN no puede pronunciarse sobre el fin de la tramitación dado que la resolución ha sido dictada por un órgano inferior a un ministro o secretario de Estado, por lo cual corresponde la decisión al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a lo que no se opone la empresa ni el Abogado del Estado.
La resolución impugnada da por concluido el procedimiento administrativo lo que implicaría que tras analizar los efectos ambientales del proyecto, la administración ha tomado una decisión final descartando su viabilidad.
Uno de los impedimentos que frena el desarrollo de otras iniciativas relacionadas con los servicios comerciales de hidroaviones ha sido la normativa existente.
Esta restringe notablemente la operación en aguas españolas, siendo de manera casi exclusiva los hidroaviones apagafuegos operados por el Ejército del Aire y los contratados por el Ministerio de Agricultura y algunas comunidades autónomas.
La iniciativa de poner en marcha este servicio se inició en 2022 con la idea de que su implantación iba a unir a las islas de Gran Canaria y Tenerife en una hora y entonces se dijo que se pondría en marcha de forma inminente después de muchas décadas sin disponer de este tipo de vuelos.
El proyecto de recuperación de las comunicaciones por medio de hidroaviones es iniciativa de una compañía de capital mayoritariamente canario, con participación de una empresa danesa.
Según los responsables de esta nueva operadora, la sociedad se fundó con el propósito de mejorar la conectividad entre las islas con un transporte más rápido haciendo posible llegar del centro de Santa Cruz de Tenerife al de Las Palmas de Gran Canaria en tan solo media hora de viaje.
Otras ventajas sería contar con unos controles de seguridad más ágiles e incidiendo en que también se evitan los desplazamientos y esperas en los aeropuertos de cada isla.
Los cálculos de la compañía eran mover unos 15.000 pasajeros anuales y sus promotores siempre insistieron en que sus necesidades de maniobra en la bahía del puerto son mínimas, apenas 200 metros frente a la antigua estación de jet foil.
Por ello, presentaron el proyecto de hidroaeródromo para amerizar en un tiempo de dos minutos, y así no perturbar el tráfico portuario.
La evaluación ambiental realizada por la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) imponía una serie de condicionantes y alternativas pero no se mostraba radicalmente en contra aunque luego diversas asociaciones sectoriales comenzaron a mostrar su oposición. EFE