Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La comisión parlamentaria que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia de covid-19 solicitará a la Mesa de la Cámara regional una nueva prórroga de los trabajos para la elaboración del dictamen hasta finales de año.
Así lo han decidido los integrantes de la mesa de la comisión en una reunión de la comisión celebrada este viernes, la primera desde que trascendiera el borrador del dictamen, obra del diputado de AHI Raúl Acosta, quien preside la misma.
Acosta ha explicado a EFE que como el plazo para presentar la ponencia vence el 20 de octubre y en ese plazo es «materialmente imposible» acabar los trabajos se solicitará a la Mesa del Parlamento que se amplíe el mismo hasta que acabe el periodo de sesiones.
Fuentes de la comisión consultadas por EFE señalan que esta es la tercera prórroga que solicita la comisión de investigación de la compra de material sanitario durante la pandemia, aunque es la primera que se pide para la elaboración del dictamen. Las otras fueron para convocar a más comparecientes.
La primera reunión para abordar el dictamen está convocada para el próximo 13 de octubre.
El borrador, elaborado por Raúl Acosta, llega a la conclusión de que la responsabilidad política no quedó saldada con la destitución como director del Servicio Canario de la Salud de Conrado Domínguez.
En el texto, Acosta se refiere al Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria del Gobierno de Canarias, que era un instrumento informal de consulta y asesoramiento, cuyas actuaciones no tenían efectos jurídicos ante terceros ni son preceptivos aunque a su coordinador (Conrado Domínguez) se le dio capacidad de gestionar contratos, un proceder, añade, «irregular a todas luces».
En el borrador se comenta que si los miembros del Gobierno de Canarias se felicitaron por el resultado de las decisiones adoptadas por el comité de gestión, «hasta el punto de que se ha achacado los buenos resultados pandémicos a su funcionamiento, es lógico que también se responsabilicen en igual medida de aquello que no funcionó».
En el borrador de informe se recomienda modificar la Ley de Contratos del Sector Público, algo que compete al Gobierno central, para que, aunque se permita actuar de inmediato en situaciones de emergencia, se fortalezcan los requisitos de justificación documental.
También plantea un refuerzo de los controles en la justificación de fondos, así como revisar y mejorar los criterios de solvencia de los contratistas, con un mayor escrutinio en la capacidad técnica y financiera de las empresas contratadas, y crear un registro preventivo de empresas aptas para ser contratadas en emergencias, que demuestren cumplir con los requisitos de solvencia de antemano.
Se propone asimismo una regulación específica para la adquisición de material sanitario, con una lista de precios de referencia para productos sanitarios críticos, como forma de evitar la especulación y los sobrecostes.
Además, se plantea disponer de planes de contingencia y segregación de funciones más claros que los actuales y crear unidades de crisis o emergencia especializadas en compras y contratos, con personal designado de forma exclusiva para gestionar este tipo de situaciones.
Reforzar los mecanismos de control externo es otra de las recomendaciones que se hacen en este borrador.
El PSOE ha acusado a Raúl Acosta (AHI) de filtrar el borrador del dictamen y ha solicitado su dimisión como presidente de la comisión parlamentaria. EFE
