Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado un año de prisión para el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo por un presunto delito de cohecho, cuatro años de cárcel para su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez por cohecho y estafa y otros cuatro años por los mismos delitos para Marcos Antonio Navarro Tacoronte, quien presuntamente ejercía como mediador de esta trama corrupta.
En el auto de conclusiones de la Fiscalía sobre una de las piezas del llamado ‘caso mediador’, en el que se pide la apertura de juicio oral por el procedimiento del jurado, se incluye también la petición de un año de prisión como presunto autor de un delito de cohecho al empresario Antonio Bautista Prado.
Este empresario, de acuerdo con el relato del ministerio público, facilitó dinero y dádivas a la trama para promover sus negocios de instalaciones fotovoltaicas en las islas Canarias.
El relato del fiscal se remonta a agosto de 2020, cuando el empresario expuso al mediador, quien se presentaba como una persona integrada en el Gobierno de Canarias, su interés en comercializar sus productos en las islas.
El mediador, siempre según la Fiscalía, consiguió que el empresario le entregara dinero en efectivo o mediante ingresos en cuentas de su pareja sentimental y su hija a cambio de facilitar sus negocios.
Para dar confianza y apariencia de solvencia a sus gestiones, se organizaron visitas en el Congreso al diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo.
Al empresario se le exigió el abono de la cantidad de 25.000 euros «para el pago de determinadas comisiones, comidas y servicios de prostitución». También pagó 10.000 euros en una cuenta de una asociación deportiva dirigida por Fuentes Curbelo.
Paralelamente, el mediador involucró al general de división de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, quien recibió al empresario en la Dirección General de la Guardia Civil, aunque estos hechos se investigan en otro procedimiento.
En contraprestación por estos pagos y regalos, el diputado al parecer facilitó al empresario contactos de explotaciones ganaderas en Fuerteventura como potenciales clientes para la instalación de sus productos, de acuerdo con la fiscalía.
Antes que diputado, Fuentes Curbelo había sido director general de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y cuando fue elegido para el Congreso le sucedió en ese puesto su sobrino, Taishet Fuentes Gutiérrez, con quien contactó el empresario Bautista Prado para materializar esas expectativas de negocio.
El director general, que por su cargo conocía los expedientes administrativos que afectaban a las instalaciones ganaderas, llegó a acompañar al empresario en visitas a estos potenciales clientes, para supuestamente influir en la contratación de los productos.
Taishet Fuentes al parecer facilitó la información sobre las explotaciones al mediador, quien ofrecía sus servicios a los ganaderos «para corregir o subsanar esas dificultades o deficiencias administrativas a cambio de un precio», pese a que ambos eran consciente de «la imposibilidad de modificar los expedientes», de acuerdo con el auto.
Mientras estos contactos se sucedían, «el empresario Bautista Prado llevaba a cabo nuevos pagos o gratificaciones que eran entregados en mano» al mediador, Marcos Antonio Navarro Tacoronte, y en otra ocasión a Taishet Fuentes mediante un Bizum.
Las dádivas del empresario incluyeron una cena a la que asistió el entonces diputado Fuentes Curbelo «junto con otros compañeros», celebrada en un establecimiento de hostelería de Madrid, un asunto que se investiga en una pieza separada.
El empresario llegó a presentar cuatro presupuestos sobre instalaciones fotovoltaicas a los ganaderos de Fuerteventura.
Según el Ministerio Público, tanto el mediador como el director general aprovecharon el momento para prometer a los ganaderos interceder por sus expedientes ante la administración a cambio de prestaciones económicas, aunque sabían que era imposible modificar la situación legal de las explotaciones.
El relato fiscal añade que nada más recibir dos pagos por 6.600 euros de uno de los ganaderos (de los 200.000 que le habían pedido primero), Thaishet Fuentes y Navarro Tacoronte «se desentendieron de la tramitación de la licencia», relata la fiscalía anticorrupción.
A otro ganadero, que no había conseguido una subvención de 30.000 euros a la que aspiraba, le ofrecieron recuperarla, sabiendo también que no era posible, pero finalmente no se llevó a cabo el pago solicitado a cambio.
La fiscalía pide un año de prisión y suspensión de empleo y cargo público por tres años al exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo por un delito continuado de cohecho.
La misma pena de un año de prisión por cohecho continuado solicita para el empresario Antonio Bautista Prado.
Para el mediador, Marcos Antonio Navarro Tacoronte, se solicita un año de cárcel por un delito continuado de cohecho y tres años por un delito continuado de estafa.
Idéntica pena por los mismos delitos pide el fiscal para el exdirector general Taishet Fuentes Rodríguez, así como inhabilitación especial para empleo o cargo público por nueve años. EFE
