El Parlamento de Canarias ha convalidado este martes el decreto ley impulsado por el Gobierno autonómico para agilizar la tramitación de licencias urbanísticas y fomentar la construcción de viviendas, acordando además su tramitación como proyecto de ley con el objetivo de abrir el texto al debate y a la incorporación de enmiendas de los grupos políticos.
La iniciativa fue presentada ante el Pleno por el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, quien destacó que el documento ha sido elaborado conjuntamente con el área de Obras Públicas y con las aportaciones de ayuntamientos y agentes del sector. Según Miranda, la medida responde a la necesidad de afrontar la emergencia habitacional declarada en el Archipiélago y nace con vocación de consenso.
El objetivo principal es reducir los tiempos de espera en la concesión de licencias, una demora que, según explicó el consejero, se debe a la falta de medios técnicos y humanos en muchas oficinas municipales. Como solución, el decreto incorpora mecanismos de colaboración público-privada que permitirán a los ayuntamientos delegar determinados informes en colegios profesionales, medios propios personificados o entidades urbanísticas acreditadas, sin que ello suponga la privatización de los servicios técnicos municipales.
“El objetivo es que dichas licencias puedan obtenerse en un plazo razonable, más aproximado a los límites que marca la normativa”, subrayó Miranda. Añadió que esta herramienta voluntaria aporta seguridad jurídica al proceso tanto para las administraciones como para los promotores privados.
Entre las novedades más destacadas figura la creación de la “vivienda asequible incentivada”, pensada para aquellas familias cuyos ingresos no les permiten acceder ni a la vivienda pública tradicional ni al mercado libre. También se contempla la posibilidad de reutilizar suelos industriales, comerciales o terciarios para uso residencial, así como la ejecución anticipada de viviendas en suelos aún en proceso de urbanización.
El consejero recordó otras medidas ya en marcha, como la Oficina Virtual del Reto Demográfico, que da apoyo administrativo a municipios de menos de 10.000 habitantes, o una línea de ayudas para los de menos de 5.000 habitantes que aplican esta normativa.
Finalmente, Miranda destacó que la Federación Canaria de Municipios (FECAM) ha participado activamente en la elaboración del texto, cuyas propuestas han sido incorporadas a la versión debatida hoy en la Cámara.
