Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Canarias, Pedro Andueza, ha comparecido este lunes en la comisión del Parlamento de Canarias que estudia una reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF), en donde ha propuesto que la nueva normativa incluya tres medidas concretas de apoyo fiscal a esta actividad, tanto en descuentos en el IGIC como en el IRPF.
Respecto al IRPF, se ha sumado a la propuesta del comisionado del REF para una deducción gradual en el IRPF de hasta el 60% para autónomos y trabajadores, en función de sus ingresos, para los rendimientos obtenidos en Canarias.
Ese descuento en el IRPF, que tendría un coste de 350 millones de euros, compensaría en parte las barreras estructurales derivadas de la lejanía, la fragmentación territorial y el sobrecoste de emprender en Canarias, ha defendido.
Ha argumentado que aumentaría la renta disponible y por tanto el consumo, mejoraría la liquidez de pequeños negocios, incentivaría la fomalización de la actividad y por tanto reduciría la economía sumergida, y tendría un «efecto llamada» en canarios que residen fuera por razones fiscales.
La deducción del IRPF sería «una herramienta clave para impulsar la competitividad y el desarrollo económico real de quienes deciden emprender en nuestra tierra, reduciendo las diferencias entre un autónomo canario y el del resto del territorio», ha enfatizado.
Pedro Andueza ha propuesto dos medidas fiscales más para favorecer a los autónomos, unos 145.000 en toda Canarias, una de ellas que estos trabajadores cuyos ingresos anuales sean inferiores a 85.000 euros queden exentos de declarar y repercutir el IGIC.
La franquicia de los 85.000 euros beneficiaría al 70% de los autónomos de Canarias, según el presidente de ATA Canarias, que tendrían una reducción significativa de su carga administrativa, burocrática y contable, lo que reduciría el diferencial de precios con la economía informal.
La otra propuesta que ha trasladado el presidente de ATA Canarias a la comisión parlamentaria es ampliar la exención del IGIC por las inversiones realizadas a las personas físicas, no limitarlas a las sociedades limitadas o a las sociedades anónimas.
Los autónomos ejercen en su mayoría como personas físicas y por tanto están excluidos de esa ayuda a la inversión, ha explicado Andueza.
«Es una injusticia fiscal que penaliza a quienes invierten en sus propias herramientas, maquinaria, software, reforma de un local, tecnología o vehículos comerciales» y se trata de premiar la inversión productiva, sin discriminar por la forma jurídica, ha explicado.
El presidente de ATA Canarias ha subrayado que el Régimen Económico y Fiscal no puede llegar solo a una parte del tejido productivo, sino que debe tener «una mirada transversal que entienda que el desarrollo se construye desde abajo hacia arriba».
«Si aceptamos que ser autónomo en Canarias cuesta más, debemos compensar esa desigualdad con medidas fiscales y económicas», ha concluido. EFE
