Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- Los cuatro peritos de la defensa del caso Emalsa que elaboraron un informe sobre el contrato de arrendamiento de la compañía mixta de aguas de Las Palmas con Satocan han negado este martes ante la Audiencia Provincial que supusiera quebranto alguno para el Ayuntamiento, sino beneficios.
En la octava sesión del juicio que se sigue contra los 15 exdirectivos de Emalsa por el presunto daño de 23,4 millones de euros que generaron a la empresa de aguas entre los años 2008 y 2012 por este contrato y la veintena suscritos con la empresa Sercanarias, los peritos han sostenido que el informe de Auren sobre los precios del arrendamiento en el que se sustenta la Fiscalía para evaluar el supuesto quebranto de 2 millones de euros «carece de datos fiables».
El alquiler de las oficinas del centro comercial de Las Ramblas se ajustó a precios de mercado y no puede considerarse un quebranto, sino un gasto de explotación, y entre 2008 y 2011 la sociedad registró resultados positivos, salvo en 2012, pero por otros motivos, han argumentado los dos arquitectos y dos economías propuestos por la defensa de Satocan.
Emalsa obtuvo beneficios en ese periodo y aumentó su patrimonio contable de 28 a 35 millones de euros.
Además, las cuentas de 2012 fueron aprobadas por unanimidad y no hubo reparo alguno por parte de los auditores, ha agregado los peritos que han abundado en que no hay un perjuicio evaluable respecto a Emalsa.
En cuanto a las obras que se hicieron por un importe de un millón de euros y que sufragó Emalsa, que también supuso según la Fiscalía y las otras tres acusaciones un coste adicional para la empresa de aguas, han dicho que eran necesarias para la adecuación de las oficinas a los servicios que debía prestar y, sobre el tiempo que duraron, han puesto de ejemplo que el traslado de los juzgados a la Ciudad de la Justicia, donde se celebra este juicio, tardó seis años.
En la anterior sede de la compañía, situada en la plaza del Obelisco, se reubicaron otros servicios municipales que estaban diseminados en distintos inmuebles, por lo que generó al Ayuntamiento un ahorro anual de 324.000 euros, lo que en los 30 años que duraba el contrato inicial suscrito con Satocan hubiera reducido gastos al Consistorio por 11 millones de euros.
Desde 2011 que se mudaron esos servicios hasta la actualidad ese ahorro ha sido de 4,7 millones de euros, han indicado los peritos.
Estos expertos han incidido en que cuando se firmó el contrato de arrendamiento en 2008 con Satocan existía una expectativa al alza de los precios de alquiler y que previamente se hizo un informe de tasaciones hipotecarias en el que se reflejaban precios de 36 euros por metro cuadrado, ya que la firma se materializó en el «punto más alto de la pirámide».
La crisis de Lehman Brothers fue posterior, en septiembre, y en 2009 se firmó una renovación del contrato a la baja, con una reducción de 15.000 euros sobre los 90.000 euros mensuales acordados inicialmente, han apuntado.
En esos momentos no se pensó que los precios bajaran tanto y, de hecho, cuando se produjo el pico más desfavorable, en 2013, dio lugar a otro acuerdo entre las partes en 2015 para ajustar más las condiciones, han señalado los peritos, que han indicado que en 2020 debido a la pandemia se volvió a suscribir otra renovación, por lo que han concluido que se intentó acomodar el alquiler a la situación del mercado, algo que es habitual.
Han explicado que el precio del alquiler se fijó conforme al informe de Tasaciones Hipotecarias, que valoró el inmueble, y que en 2008 había precios similares y superiores al de las oficinas de Satocan.
Además, han hecho hincapié en que en 2007 era complicado encontrar oficinas de esas características para alquilar por la poca oferta que había.
Los peritos han indicado también que, cuando se firmó el contrato, las oficinas disponían de licencia para actividad, de primera ocupación y de apertura, por lo que el inmueble estuvo a disposición del arrendatario desde el primer momento.
Así mismo, han hecho hincapié en los beneficios que reportó a Emalsa el cambio de sede, ya que el inmueble del Obelisco contaba con más de 50 años; la disposición de las nueva oficina era más adecuada, el acceso era mejor, contaba con iluminación natural y ventilación, y se adaptaba a las distintas normativas como la relativa a incendios.
Entre las ventajas frente a la sede del Obelisco, también han citado que contaba con plazas de aparcamiento en el sótano del edificio, por lo que han referido que, en definitiva, las oficinas generaron un impacto en la productividad de Emalsa, por las prestaciones y beneficios que aportó en orden material e inmaterial.
En cuanto a las tres plantas que comprendía el arrendamiento, de las que finalmente se ocuparon y adecuaron dos, y cuyos gastos corrieron a cargo de Emalsa, han explicado que obedeció a las expectativas de crecimiento que en esos momentos tenía la compañía. EFE
