Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas augura que el sector inmobiliario «colapsará» en tres años, de seguir la «irrefrenable escalada de precios» de la vivienda, que propiciará la insolvencia de una demanda que seguirá existiendo y, con ello, un grave problema social, económico y productivo.
Este es el análisis que ha dado a conocer este jueves la presidenta de la patronal, María de la Salud, que ha calificado como «de encefalograma plano» la coyuntura económica del sector, que registra pequeñas fluctuaciones al alza y a la baja, pero sigue sin recuperar su peso en el PIB, al tener un 50 % de participación menos en el de 2007, esto es, «crece sobre decrecimientos».
Antes de presidir la asamblea general de la entidad, ha considerado que la emergencia habitacional tiene muchas causas, como el marco regulatorio y la burocracia, ámbitos en los que, a su juicio, «se están abordando medidas por parte del Gobierno canario».
Sin embargo, esta asociación empresarial advierte de que el Plan Canario de Vivienda en vigor caduca en 2025 y opina que esta comunidad autónoma no se puede «permitir el lujo de estar un año y medio haciendo otro», por lo que aboga «prorrogar el actual, que fue consensuado por todas las fuerzas políticas en el Parlamento, y dotarlo de presupuesto, ya que conceptualmente es absolutamente válido para resolver la emergencia habitacional».
También ha criticado que la banca «no esté apostando ni por la adquisición de suelo por parte de los promotores y nada por la vivienda protegida en arrendamiento, no quiere financiarlas».
Gil ha alertado también del «efecto inflacionario» que se deriva de «algunas medidas de la modificación de la Ley del Suelo, que aumenta el impuesto sobre el suelo y disminuye el aprovechamiento que los promotores inmobiliarios pueden hacer de él, con lo cual, se va a encarecer la vivienda».
«Es absurdo pensar que esa contramedida pueda ser aprobada, por lo que hemos requerido al Gobierno canario para que reflexione sobre esta cuestión», ha dicho.
Los constructores y promotores inmobiliarios de Las Palmas recalcan la necesidad de potenciar el tejido industrial del sector y declararlo como estratégico, al considerar que se precisa de «uno propio, autóctono, que permita el autoabastecimiento y disminuya la dependencia del exterior para así también abaratar los costes».
En relación al comportamiento de las administraciones públicas a encargar las obras a empresas públicas como Tragsa, Gil ha denunciado que «continúa la sangría al sector, al encargarse directamente a esa sociedad casi 1.000 millones de euros en los últimos años».
A ello se suma el hecho de que entre enero y mayo de este año «se ha quedado desierto más presupuesto que todo el del año 2024» dedicado a la adjudicación de obras por parte de la Administración y las deudas millonarias de algunos ayuntamientos «que han hecho caer empresas», un asunto sobre el que no ha querido abundar. EFE