La consejera de Economía y Hacienda del Cabildo de Fuerteventura reconoce un “desequilibrio presupuestario” motivado por el hecho de que el Gobierno de Canarias no transfirió a la corporación cerca de 20 millones de euros correspondientes a los fondos FDCAN.
“Quiero dejar claro que el Cabildo no está en bancarrota, ni tiene un agujero negro, ni está endeudado, para nada”, afirmó Cabrera durante una entrevista en La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, en la que quiso despejar cualquier duda surgida a raíz de un informe de la corporación que refleja un “desequilibrio” en las cuentas.
La consejera explicó que se trata de un leve desequilibrio derivado de un retraso en la transferencia de los fondos FDCAN, que deberían haberse ingresado antes del 31 de diciembre. “Una vez que se efectúe esta transferencia, el presupuesto quedará equilibrado automáticamente”, aseguró, precisando que se trata de un problema que también afecta a otros cabildos canarios debido al cambio en las normas de gestión financiera por parte del Ejecutivo autonómico. Un cambio, afeó, “sobre el que el Ejecutivo debería haber informado previamente”.
Ejecución récord en 2024
En este contexto, Cabrera destacó que el Cabildo logró una ejecución presupuestaria récord en 2024. “En el ejercicio 24 tuvimos el estado de ejecución más alto de la historia, con 192 millones de euros pagados”, detalló. De esa cantidad, aproximadamente 60 millones se destinaron a mejorar infraestructuras hidráulicas, una necesidad urgente para Fuerteventura tras los problemas de abastecimiento sufridos por la población en los últimos años.
Actualmente, el Cabildo gestiona un presupuesto de 212 millones de euros, tras incorporar 31 millones procedentes de remanentes de tesorería. Paralelamente, se impulsa un Plan Económico Financiero que se prevé aprobar en sesión plenaria extraordinaria el próximo 16 de abril. “En el propio Plan viene claro que se produce por la falta de esos ingresos del FDCAN”, subrayó.
Entre las prioridades de inversión destacan obras de infraestructura como carreteras, mantenimiento y construcción de rotondas, así como mejoras en el sistema de residuos, incluida la creación de una nueva celda en el complejo ambiental.
Dificultades administrativas y refuerzo de oficinas técnicas
Cabrera también abordó durante la entrevista los problemas derivados de la excesiva burocracia en la gestión pública. Puso como ejemplo el retraso en la residencia sociosanitaria de Gran Tarajal, afectada por recursos administrativos que han demorado su puesta en marcha.
Además, explicó los problemas generados por la finalización del convenio de colaboración con ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para reforzar sus oficinas técnicas. “El convenio tenía una duración de tres años y, una vez finalizado, no se puede prorrogar porque supondría un fraude de ley. No pueden realizar funciones estructurales con figuras temporales”, señaló.
Esto ha provocado la paralización de servicios técnicos en municipios como Tuineje, Antigua o Betancuria, con el consiguiente cese del personal contratado y la apertura de demandas judiciales. Desde el Cabildo se trabaja en una nueva fórmula jurídica que permita prestar asistencia técnica estable a estos ayuntamientos.
Compromiso con el tercer sector y condiciones laborales
Cabrera destacó también la importancia de garantizar financiación estable al tercer sector. “La partida del tercer sector en temas de convenios casi alcanza los cinco millones de euros, asegurando pagos anticipados y estables durante 17 meses”, explicó, instando además al Gobierno de Canarias a implicarse más con el tejido asociativo.
Por último, abordó la problemática salarial de los trabajadores de empresas subcontratadas por el Cabildo. Aunque se había planteado un complemento de 200 euros, un informe de Intervención lo desaconsejó. “El informe fue demoledor”, reconoció, añadiendo que desde la institución se buscan alternativas jurídicas para mejorar las condiciones laborales, pese a las restricciones legales actuales.
