El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido una sentencia que pone fin al largo contencioso por la ocupación y expropiación forzosa de terrenos en El Matorral, destinados a la ampliación del aeropuerto de Fuerteventura. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha confirmado el justiprecio (valor indemnizatorio) fijado para dichos terrenos, cifrado en 4.461.484,48 euros, y ha establecido que sobre esa cantidad se devenguen intereses legales desde la fecha de ocupación en 2004. Esto implica que, sumados más de veinte años de intereses de demora, la indemnización total roza los 7,9 millones de euros, que deberán abonarse a los antiguos propietarios de los terrenos. La decisión del TSJC ratifica la valoración efectuada en instancias previas y deja claro que la demora en el pago conlleva intereses desde el momento en que la Administración tomó posesión de las fincas expropiadas.
Según la Ley de Expropiación Forzosa, en los expedientes tramitados por vía de urgencia –como es el caso– el cálculo de intereses por retraso comienza al día siguiente de la ocupación de los bienes. En este litigio, la ocupación efectiva de las parcelas tuvo lugar en 2004 bajo ese procedimiento urgente, por lo que los propietarios tienen derecho a los intereses generados desde entonces. Con la sentencia del TSJC, se confirma definitivamente la cuantía a percibir y se cierra un capítulo judicial que se ha prolongado durante años.
Una expropiación impulsada por el Ministerio de Fomento y AENA
La ampliación del aeropuerto majorero fue declarada de utilidad pública y tramitada de forma urgente a inicios de los años 2000. El órgano impulsor de la expropiación fue el Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Aviación Civil y de la entidad pública AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea). Mediante una Orden Ministerial de agosto de 2001 se aprobó el Plan Director del Aeropuerto de Fuerteventura, que contemplaba la necesidad de nuevos terrenos para ampliar las infraestructuras aeroportuarias. En 2002 se incoó el expediente expropiatorio y en 2003 Fomento activó el procedimiento de ocupación urgente de las fincas afectadas, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Los anuncios oficiales publicados entonces en el Boletín Oficial del Estado dan cuenta de cómo se llevó a cabo el proceso: se abrió un periodo de información pública para depurar errores y notificar a los afectados, y seguidamente el Ministerio fijó las fechas para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de los terrenos. Dichas actas —suscritas a principios de junio de 2003— documentaron la situación de cada finca, sus titulares y el estado de ocupación, paso previo para la toma de posesión efectiva. Fue en virtud de ese procedimiento urgente que en 2004 la Administración ocupó los terrenos de El Matorral necesarios para la ampliación del aeropuerto. La expropiación, por tanto, se materializó bajo la iniciativa y dirección del Gobierno central (Ministerio de Fomento), con AENA como beneficiaria de los nuevos suelos, dado el interés general del proyecto de ampliación aeroportuaria.
El papel del Ayuntamiento de Puerto del Rosario bajo el alcalde Travieso
En aquel momento, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, encabezado entonces por el alcalde Manuel Travieso Darias, tuvo una participación principalmente colaborativa y administrativa en el proceso expropiatorio. Si bien la expropiación fue promovida y ejecutada por el Estado, el Consistorio debía cooperar en aspectos como la notificación a los vecinos afectados, la publicación de edictos en el tablón municipal y la coordinación urbanística. La corporación municipal, bajo el mandato de Travieso Darias, no se opuso a la ampliación del aeropuerto –una infraestructura estratégica para la isla–, sino que facilitó las actuaciones necesarias en el ámbito local. De hecho, la obtención de los terrenos se llevó a cabo sin contratiempos reseñables desde la administración local, cumpliendo con los trámites formales y permitiendo que Fomento y AENA llevaran a cabo la ocupación en tiempo y forma.
Manuel Travieso Darias, fue alcalde de Puerto del Rosario en esos años y era conocedor de la importancia del proyecto. Su Ayuntamiento colaboró en la medida de sus competencias con el Ministerio, por ejemplo, certificando la situación urbanística de los terrenos y participando en las reuniones con propietarios cuando fue requerido. En resumen, el Ayuntamiento actuó como ente colaborador, acatando la declaración de utilidad pública y la urgencia decretadas para la obra. Travieso Darias respaldó la ampliación aeroportuaria desde lo local, entendiendo que supondría un motor de desarrollo, y gestionó ante los vecinos cualquier duda o queja derivada del proceso expropiatorio. Cabe destacar que el procedimiento legal de expropiación forzosa otorga al Ayuntamiento un rol secundario (ya que la potestad expropiatoria en este caso residía en el Estado), pero esencial para garantizar la transparencia y la información a la ciudadanía afectada.
Impacto en las arcas municipales y previsión presupuestaria
Una de las consecuencias más significativas de la sentencia del TSJC es la obligación de pago de la indemnización millonaria, algo que inevitablemente tiene repercusión en las arcas públicas. Ahora bien, aunque pudiera pensarse que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario enfrentaría un desequilibrio financiero por esta suma, lo cierto es que el Consistorio ya había previsto esta contingencia. En los presupuestos municipales recientes se había contemplado una partida o provisión para hacer frente a eventuales sentencias desfavorables en materia de expropiaciones. De hecho, el Ayuntamiento conocía desde hace años la posibilidad de tener que asumir este pago (debido a las resoluciones previas sobre el justiprecio) y, por prudencia financiera, lo incorporó en su planificación económica.
Esto significa que el pago de cerca de 7,9 millones de euros no tomará por sorpresa al Ayuntamiento. Las cuentas municipales de 2024 y 2025 –aprobadas por el equipo de gobierno local– ya consideraban esta obligación, asegurando así que se pueda afrontar el desembolso sin comprometer la prestación de servicios esenciales ni las inversiones previstas. Este medio se ha puesto en contacto con el actual regidor, David de Vera, quien ha evitado entrar en detalles sobre el fallo, pero sí ha confirmado que la indemnización estaba contemplada en los presupuestos municipales y ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. De momento, la corporación valora interponer recurso ante el supremo por el valor de intereses.
En conclusión, la sentencia del TSJC viene a confirmar definitivamente qué ha pasado y quién debe pagar: la ampliación aeroportuaria impulsada por Fomento en El Matorral obligó a expropiar terrenos privados cuyos dueños, tras una prolongada batalla legal, recibirán una indemnización de unos 4,46 millones más intereses acumulados desde 2004 (aproximadamente 7,9 millones en total). El proceso fue gestionado en su día por las autoridades estatales con la colaboración del Ayuntamiento portuense liderado por Manuel Travieso Darias, y ahora es este Consistorio el que hará frente a la resolución.
