La colaboración entre ambas instituciones se centra en las personas atendidas por el SCS que precisan provisión de medidas de apoyo u otras acciones jurídicas necesarias para el acceso a los recursos de atención residencial
La directora general del Paciente y Cronicidad del Servicio Canario de la Salud (SCS), Rita Tristancho, ha mantenido un encuentro de trabajo con la Fiscal Delegada de la Especialidad Civil y de Provisión de Apoyos a las Personas con Discapacidad y Mayores para la Comunidad Autónoma de Canarias, María Rosa Rubio, para establecer una línea de trabajo conjunta que contribuya a potenciar la continuidad asistencial entre los ámbitos sanitario y social, en lo que se refiere a los aspectos jurídicos.
En la reunión, celebrada en la Fiscalía Provincial de Las Palmas, también han participado la jefa del servicio de Atención y Coordinación Sociosanitaria, Dulce Fernández, y la técnica de la Dirección General, Eva Hombre, así como el abogado fiscal en prácticas, Javier Álvarez.
Esta línea de colaboración entre el SCS y la Sección Civil y de Provisión de Apoyos a las Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias tiene como finalidad analizar la situación de las personas valoradas por las unidades de Trabajo Social del SCS en Atención Primaria, Atención Hospitalaria y Salud Mental que puedan precisar medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. Asimismo, abordará las situaciones en las que resulte necesaria una autorización judicial para el ingreso no voluntario en centros de atención residencial, conforme a los supuestos y garantías establecidos legalmente.
La coordinación entre instituciones busca facilitar la respuesta adecuada a las circunstancias de las personas y favorecer la continuidad de los cuidados en el entorno que corresponda. Esta colaboración se plantea desde el respeto a las funciones de cada institución y con el objetivo de avanzar en vías estables de comunicación que permitan identificar dificultades y mejorar la coordinación de las respuestas sanitarias, sociales y jurídicas.
Este trabajo se enmarca en el modelo establecido por la Ley 8/2021, de 2 de junio, que sitúa en el centro la dignidad, los derechos y el respeto a la voluntad, los deseos y las preferencias de las personas con discapacidad. Las medidas de apoyo deben ajustarse a las necesidades de cada persona y favorecer su autonomía y su participación en las decisiones que afectan a su vida.