Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este lunes que no se va a encontrar ningún audio, mensaje o actuación suya fuera de la ley y ha lamentado que tenga él que demostrar su inocencia frente a acusaciones sin pruebas ni fundamento.
Torres, quien ha protagonizado la última comparecencia prevista en la comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre el caso mascarillas, ha dicho que durante la pandemia el ejecutivo regional tomó las decisiones que tenía que tomar y ha precisado que «es muy fácil ver las cosas a toro pasado».
El Parlamento de Canarias investiga la adjudicación y adelanto de cuatro millones de euros por la compra de un millón de mascarillas durante la pandemia, que nunca fueron recibidas, a la empresa RR7, ajena a los suministros sanitarios y dedicada a la venta de coches.
También investiga la adjudicación de contratos por más de 12 millones de euros para el suministro de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la trama que se atribuye a Koldo García, exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos.
En cuanto a los contratos con la empresa Soluciones de Gestión, Torres dijo que esa empresa suministró en cuestión de días dos millones de mascarillas en lo peor de la pandemia y justificó su contratación porque ya había servido material sanitario a Puertos del Estado.
Explicó que nadie le llamó para la contratación de esa empresa, si bien no quiso identificar a la persona que dio referencias sobre ella al entonces director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Antonio Olivera, uno de sus más estrechos colaboradores y a quien definió como persona honesta.
Torres reconoció que posteriormente tuvo conversaciones con Koldo García, quien se interesaba por los pagos pendientes a Soluciones de Gestión por parte del SCS, puesto que había retrasos en su liquidación, asunto que se encargó de resolver Olivera, pese a que ya no era director del SCS sino viceconsejero de Presidencia.
En cuanto al adelanto de cuatro millones de euros a RR7 sin que se recibieran las mascarillas, Torres indicó que se enteró de ese caso cuando se publicó en el periódico Canarias 7 y el Gobierno adoptó las decisiones necesarias para intentar recuperar los fondos.
«Era un expediente que estaba en manos del SCS, debíamos haberlo sabido, entiendo que no se nos trasladó porque se había iniciado el embargo y se estaba en disposición de poder recuperar ese dinero», explicó.
Recordó que ese caso está siendo investigado por la justicia, que es la que tiene que determinar si hubo irregularidades, y defendió que el que haya hecho algo «lo termine pagando», aunque también subrayó que hay que respetar la presunción de inocencia.
Lo que sí hubo fueron hubo responsabilidades políticas, puesto que el entonces director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, dejó el Gobierno, dijo Torres.
En cuanto a su posible responsabilidad política personal, indicó que se sustancia en las urnas, donde la ciudadanía revalidó a su partido como el más votado en las siguientes elecciones autonómicas.
«Si ha habido desalmados que se hayan beneficiado de manera ilegal, que lo paguen, lo que no puede ser es que paguen justos por pecadores», sentenció el ministro.
Sobre el relevo de Teresa Cruz como consejera de Sanidad, previo al nombramiento de Domínguez al frente del SCS, lo justificó en que «era un momento muy complejo en el que entendíamos había que hacer un trabajo de conjunto, de equipo», y hubo dificultades con los integrantes del equipo de la exconsejera.
Sobre la posibilidad de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) esté haciendo un informe sobre él, el ministro respondió que está deseando que salgan todas las conversaciones porque no se va a encontrar ningún audio, mensaje o actuación suya «fuera de la legalidad, ni con mujeres explotadas sexualmente, ni con pisos, ni con mordidas, porque desprecio la corrupción, la persigo y la perseguiré siempre».
«Podrá salir conversaciones de cualquier tipo», dijo en referencia a Koldo García o José Luis Ábalos, porque se gestionaban muchas cuestiones con el Ministerio de Transportes, pero en ningún caso habrá «ni un solo mensaje de una ilegalidad» por su parte, reiteró.
El expresidente canario señaló que él nunca intervino para ninguna contratación y afirmó que el comité de gestión que se creó de forma extraordinaria durante la pandemia analizaba las necesidades de material sanitario, pero era el SCS el que gestionaba los contrataciones. EFE
