Fuerteventura cuenta con más de 6.500 viviendas vacacionales registradas, lo que representa aproximadamente el 13% del total en Canarias, según datos recientes del Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Sin embargo, muchas de esas propiedades podrían perder su licencia con la entrada en vigor de la nueva Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que actualmente se tramita en el Parlamento autonómico.
La futura norma, impulsada por el Gobierno de Canarias, establece condiciones más restrictivas para la continuidad del alquiler vacacional, y permitirá declarar sin efecto las licencias concedidas a viviendas que no sean explotadas durante un año. Así lo ha advertido el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, al afirmar que “aquellos que han dado de alta su vivienda y no la exploten durante un año, automáticamente esa declaración responsable quedará sin efecto”.
Este cambio legal podría tener un impacto directo en el modelo turístico de Fuerteventura, especialmente en localidades como Corralejo, Caleta de Fuste o Costa Calma, donde la proliferación de viviendas vacacionales ha transformado el mercado inmobiliario y la convivencia en zonas residenciales.
No obstante, desde el propio Ejecutivo se ha aclarado que las licencias ya concedidas antes de la aprobación de la nueva ley no tendrán que adaptarse a los nuevos requisitos urbanísticos o técnicos recogidos en el texto legal. En su caso, se regirán por lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la nueva ley, que establece que las viviendas turísticas ya registradas deberán seguir cumpliendo el Decreto 113/2015, actualmente en vigor. Solo en el caso de que no se ejerza la actividad durante un año, la licencia quedará sin efecto.
De este modo, las condiciones más restrictivas, como la prohibición de uso turístico en edificios completos de suelo residencial, la obligación de que las viviendas de nueva construcción hayan estado diez años en régimen de alquiler convencional, o el requisito de 25 m² mínimos por persona alojada, afectarán exclusivamente a las nuevas altas solicitadas tras la entrada en vigor de la ley.
Aunque algunas exigencias iniciales del borrador han sido retiradas —como la obligatoriedad de puntos de recarga eléctrica o accesos asfaltados—, el texto mantiene un enfoque de contención del crecimiento del alquiler vacacional, con el argumento de ordenar el modelo turístico y evitar distorsiones en el acceso a la vivienda habitual.
Rodríguez también denunció que durante la redacción del proyecto han recibido presiones desde distintos sectores para suavizar estas medidas. “Se ha hecho pedagogía, se ha argumentado, se ha razonado y se ha dicho que no”, explicó, en relación a las propuestas que pedían amnistiar a las viviendas turísticas ya registradas. “No se puede seguir mirando para otro lado”, subrayó, añadiendo que los inmuebles turísticos deben cumplir condiciones mínimas de seguridad, salubridad y accesibilidad.
Desde la Federación Canaria de Municipios (FECAM) se ha advertido que los ayuntamientos carecen de medios técnicos y humanos suficientes para asumir las tareas de control e inspección previstas por la normativa. A pesar de ello, el Ejecutivo mantiene sus líneas rojas: “Que se pueda implantar la vivienda vacacional al libre albedrío del propietario y al margen de la planificación urbanística, pues no. Esas son las columnas vertebrales del proyecto”, zanjó Rodríguez.
En Fuerteventura, donde el alquiler vacacional tiene un peso destacado en el tejido económico, el avance de esta nueva legislación genera inquietud entre parte del sector. Sin embargo, desde el Gobierno estiman que la futura regulación también podría contribuir a aliviar, en parte, la crisis habitacional que afecta a muchas familias residentes.
