Cada vez que publico un artículo crítico con la gestión de la Dependencia en Canarias tengo la esperanza de que sea el último, porque siempre creo que ya no se puede ir a peor. Pero luego vienen los datos y me tumban esa esperanza. Los del mes de marzo son singularmente catastróficos, pero también elocuentes sobre las prioridades y la capacidad del Gobierno de Canarias en materia de Bienestar Social y atención a la Dependencia.
9.012 prestaciones menos con respecto a diciembre. No hay forma de dulcificar ese dato. En el primer trimestre de 2025 se han reducido las prestaciones concedidas en esa cifra. Esto supone menos prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar (PECEF), menos prestaciones económicas vinculadas al servicio (PEVS) pero también menos centros de día, menos centros residenciales y menos teleasistencias y por lo tanto, una peor atención al colectivo de personas dependientes y sus familias en Canarias, que miran atónitas a un Gobierno incapaz de atenderlas no ya como es debido, sino como obliga la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, desde hace casi 20 años.
Esta falta de diligencia y de nervio es un tiro en el pie de la Comunidad Autónoma. A menos personas atendidas, menos financiación del Estado, que aporta en función del número de personas en situación de dependencia en el sistema. A menos financiación del Estado, menos personas atendidas. Y así en bucle. Se frena el empleo en el sector, porque se necesitan menos cuidadores para menos personas. Se reduce el poder adquisitivo de las familias que invierten las ayudas en los cuidados de las personas dependientes. Y éstas, en definitiva, ven cómo se degrada su calidad de vida.
El PIA, o Programa Individual de Atención valora al dependiente y recoge los derechos que le asisten conforme a la Ley, por lo que puede contener más de una prestación: plaza en un centro de día y ayuda económica, por ejemplo. Pero no puede albergar más, y desde luego nunca varias prestaciones económicas a la vez, porque la propia legislación contempla esos límites. Desde el PSOE ya denunciamos en enero que el Gobierno de Canarias había concedido en 2024 prestaciones que cuadruplicaban el número de PIAs emitidos, una irregularidad escandalosa destinada a maquillar con cifras una pésima gestión. Y ahora, además, han salido mágicamente del sistema las 9.012 prestaciones que mencioné anteriormente.
Por lo menos desde la Consejería y la Dirección General no le han echado la culpa al aplicativo informático, como el año pasado. Todavía. En cualquier caso, el motivo de esta reducción tan dramática de las prestaciones tendrá que ser respondido en sede parlamentaria por la Consejera de Bienestar Social, ya que no quiero ni pensar que para maquillar las cifras, desde la Dirección General se remitieran al IMSERSO en los últimos meses de 2024, de forma premeditada, prestaciones que no se estaban disfrutando, repito que no lo quiero ni pensar.
Pero hay más, el sótano de la ineptitud gestora siempre tiene una planta más. En marzo, según sus propios datos, apenas se reconocieron 182 PIAs (pienso en el ritmo de en torno a 1.000 PIAs mensuales que llegamos a alcanzar bajo la presidencia de Ángel Víctor Torres, y me come la indignación); frente a esto, 748 personas fallecieron sin llegar a ser atendidas en el mes de marzo, cifra que aumenta a 2.178 en el primer trimestre del año. Cientos de familias vieron irse a un ser querido que nunca consiguió del Gobierno de Canarias la atención que merecía y que la Ley le garantizaba. Si somos capaces de ponernos un minuto en la piel de esas familias, nos damos cuenta de lo importante que es gestionar bien la Dependencia y del impacto real y directo que tiene en las vidas de las personas dependientes, de cómo les cambia su mundo diario, de cómo fortalece su dignidad como ciudadanos y como seres humanos.
No menos grave es el hecho de que, a estas alturas de 2025, los Cabildos estén prestando servicios en Dependencia sin Convenio con el Gobierno de Canarias, asumiendo ellos solos la totalidad de la responsabilidad, tanto jurídica como económica. No ha habido ni siquiera, hasta este mes de abril, un borrador o un preacuerdo para firmarlo; se entiende que el Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular no ha encontrado un hueco en la agenda para sentarse a hablar con los prestatarios del servicio del instrumento jurídico que ordene y dé garantías a su labor, y por ende, a las personas dependientes en las Islas. O eso, o sencillamente no hay voluntad de consenso y diálogo en este aspecto.
Insisto hasta el agotamiento en este punto: aquí estamos hablando del bienestar de personas especialmente vulnerables, de personas que realmente necesitan el apoyo de toda la sociedad, canalizado a través de la Dependencia, para su día a día. Le pido por enésima vez a la consejera y a la directora general que cumplan con sus obligaciones y aprovechen la experiencia y la capacidad de los trabajadores y trabajadoras del área para devolverle a la Dependencia el ritmo que había logrado en 2022 y 2023. Para que las cifras de abril y mayo no vuelvan a avergonzarnos a todos y a machacar las esperanzas y demandas de las familias que más necesitan la mano tendida de la Administración.
