La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a cuatro años de prisión y a abonar indemnizaciones por valor de 2,5 millones de euros a seis personas residentes en el sur de la isla de Tenerife -principalmente en las localidades de Arona y Adeje- que entre mayo de 2019 y la primavera de 2021 estafaron más de 2,5 millones de euros a un número no determinado de cuentacorrientistas a cuyos fondos accedían mediante técnicas de phising (engaño informático suplantando la identidad de la entidad bancaria real).
Según detalla la sentencia de conformidad dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, los seis condenados -que en el acto del juicio oral admitieron su culpa y se conformaron con la pena- se valieron de más de 100 personas previamente concertadas para ganar dinero a través de “la realización masiva de transferencias bancarias no autorizadas en la que los titulares de las cuentas bancarias con origen en entidades de España e Italia sufrían la pérdida de dinero (…) que pasaba a su control directa o indirectamente a través de esas terceras personas”. En ningún caso, agrega el fallo, los legítimos dueños del dinero habían autorizado estas operaciones.
Los acusados se valían de varias aplicaciones para la operativa de creación de phising. La principal era la denominada Phone Numbers Extractor, que permitía la generación de un listado de números de teléfonos móviles a los que se enviaban mensajes de SMS “haciendo creer al destinatario que era su propia entidad bancaria la que necesitaba de alguna gestión” por su parte, facilitándoles en ese SMS una dirección URL controlada por los estafadores.
A continuación, sigue la sentencia, usaban la aplicación SmartUpp, la cual permitía responder a mensajes el tiempo real como si de un gestor de chat se tratara. De esta manera, los receptores de los sms masivos “respondían ingresando sus credenciales bancarias en la URL fraudulenta”, y así se consuma la apropiación de dinero.
El entramado criminal, según la Sala, “estaba bajo dirección y dependencia de persona que hasta este momento no han podido ser determinadas pero que tenían su residencia en Italia”, Eran a éstas a las que los estafadores debían transmitir las ganancias obtenidas en España. Los italianos se quedaban con el 60% del dinero estafado, dejándoles a los encausados un 40% del botín.
La sentencia es firme.