Migdalia Machín presenta una norma moderna, construida desde el consenso, que impulsa un sistema público de I+D+i más estable
Establece el ICIG cero para las operaciones que tengan que ver con la innovación y simplifica trámites
El Gobierno de Canarias ha presentado la nueva Ley Canaria de la Ciencia, una herramienta transformadora que define con claridad el papel que deben jugar la investigación, la tecnología y la innovación en el presente y futuro de las islas. La norma, ya remitida al Parlamento, sustituye un marco normativo vigente desde 2001, marcando el inicio de una etapa de mayor coherencia, agilidad y proyección para el ecosistema científico y tecnológico canario.
El texto nace de un proceso de construcción compartida con los principales agentes del conocimiento del archipiélago: universidades públicas, centros de investigación, empresas tecnológicas, asociaciones profesionales y administraciones públicas han participado activamente en su diseño. Esta voluntad de apertura se refleja en una ley que apuesta por un modelo colaborativo, con estructuras de coordinación y asesoramiento que refuerzan el sistema en su conjunto.
Uno de los ejes principales de la nueva ley es la consolidación de una financiación pública estable, con objetivos alineados a los compromisos europeos para 2030. Además, establece incentivos fiscales específicos, el ICIG cero para las operaciones que tengan que ver con la innovación; simplifica trámites para la puesta en marcha de proyectos y garantiza una tramitación preferente para actuaciones en I+D+i, eliminando barreras burocráticas que hasta ahora limitaban el potencial investigador y de transferencia de las islas.
Durante la presentación, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, subrayó que “Canarias no puede depender solo de lo que tiene, sino de lo que sabe. Esta ley refleja un modelo de desarrollo que pone el conocimiento en el centro, que genera oportunidades desde nuestra singularidad y que hace de la investigación una vía real para diversificar la economía, crear empleo y ganar soberanía como pueblo”.
“Siempre hemos sido conscientes de que, para impulsar el desarrollo científico, tienen que existir compromisos presupuestarios del sector público, pero también la plena colaboración de universidades, agentes del conocimiento, empresas y centros de investigación, a los que agradezco sus propuestas para la elaboración del texto”, resaltó.
Como se recordará, tanto desde la Consejería como desde la Presidencia del Gobierno, a través de la Dirección General de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, se han seleccionado 17 proyectos estratégicos, dentro de 14 líneas prioritarias, relacionadas la Astrofísica, el Espacio y Aeronáutica, las Industrias Emergentes, la Energía, la Sostenibilidad, la Formación Profesional, la Internacionalización y la Digitalización.
“Ejemplos tangibles son la mejora de la atención y gestión sanitaria con plataformas tecnológicas complejas, o la creación del stratoport en Fuerteventura que puede ser una punta de lanza para convertir a Canarias en centros de innovación y ciencia en el ámbito espacial y en el de la aeronáutica, y repercutir en la protección del medio ambiente, con el monitoreo de incendios o sucesos de contaminación marítima”, detalló el presidente.
Talento
La norma incorpora también medidas concretas para atraer, formar y retener talento, con programas de retorno y conciliación, y da respuesta a desafíos emergentes como la regulación del uso ético de la inteligencia artificial, el fortalecimiento de la colaboración público-privada y la promoción de entornos innovadores abiertos a la sociedad.
La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, señaló que “esta ley responde al mandato social de dotar a Canarias de una política científica valiente, moderna y útil. Hemos escuchado al ecosistema y lo hemos hecho parte del proceso. Hoy presentamos una norma que nace del compromiso colectivo y que quiere servir a una sociedad más preparada, más justa y más libre”.
La futura puesta en marcha del Plan Canario de I+D+i hasta 2030, previsto en la ley, permitirá desplegar estas medidas mediante programas específicos orientados a sectores estratégicos para las islas. Este instrumento reforzará la conexión con Europa y facilitará una mejor articulación entre administraciones, centros de conocimiento y tejido productivo.
La remisión del texto al Parlamento de Canarias, que ya tuvo lugar el pasado 28 de abril, marcó el final de una etapa y el inicio de otra igualmente relevante: el debate legislativo. Desde el respeto a los tiempos e instituciones, el Gobierno confía en que esta propuesta reciba un respaldo amplio y ágil, a la altura del consenso social que la ha inspirado. No se trata solo de un proyecto de ley, sino de una visión de futuro para que la ciencia y la innovación echen raíces firmes en Canarias.
