El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife lamenta que la presidenta insular, Rosa Dávila, intente desviar la atención de su gestión culpando al anterior Gobierno de Canarias por los daños al yacimiento etnográfico de Morra Meca. Según el portavoz socialista en el Cabildo, Aarón Afonso, estos daños ocurrieron en 2024, ya bajo su mandato. La presidenta ha declarado públicamente que se “omitió” la existencia del yacimiento en la autorización otorgada en 2021, pero omite que las obras empezaron en 2024, coincidiendo con el actual gobierno de Coalición Canaria tanto en el Cabildo como en el Gobierno de Canarias.
La planta solar Fotobat 5+5, promovida por el Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER), empresa pública insular presidida por Rosa Dávila, inició los movimientos de tierra en 2024. Fue entonces cuando ocurrió el daño al yacimiento, sin que se implementaran las medidas previstas en la propia autorización. La autorización de Patrimonio Histórico estaba condicionada a detener las obras inmediatamente y contar con un arqueólogo supervisor si se encontraba algún elemento patrimonial. Sin embargo, ninguna de estas condiciones se cumplió, y tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias reaccionaron solo tras una denuncia pública.
Desde el PSOE de Tenerife se considera especialmente grave que la presidenta del Cabildo reconozca que los operarios “no podían saber” que se trataba de un yacimiento. Esta afirmación no exime de responsabilidad, sino que confirma que se actuó sin la vigilancia técnica especializada, incumpliendo las condiciones de la propia autorización. Además, el ITER ha confirmado que tuvo que reducir el número de placas fotovoltaicas y modificar el diseño del parque para preservar el yacimiento, lo que demuestra que sí hubo daño y que las obras se estaban ejecutando sin las garantías necesarias.
“Rosa Dávila intenta culpar al pasado por un daño que se ha producido durante su mandato. La gestión del ITER es responsabilidad directa de la Presidencia del Cabildo, y lo que ha fallado aquí son los controles y la vigilancia patrimonial durante la ejecución de la obra, no en la fase previa de autorización”, subraya el portavoz. El PSOE de Tenerife rechaza el uso partidista del patrimonio histórico y exige a la presidenta insular que asuma su responsabilidad en la gestión de una empresa pública que, bajo su dirección, ha alterado un bien patrimonial y ha incumplido las condiciones de protección establecidas en la autorización.