El Cabildo de Tenerife ha elaborado el Plan Económico Financiero 2025-2026 para dar continuidad a sus políticas insulares. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, asegura que «el plan es perfectamente asumible, ya que el Cabildo cuenta con unas cuentas totalmente saneadas». Dávila subraya que la gestión fiscal de las administraciones públicas se rige por dos principios fundamentales: la estabilidad presupuestaria, que garantiza que el gasto público no comprometa la sostenibilidad financiera a medio y largo plazo, y la regla de gasto, que impone una tasa de crecimiento máximo del gasto computable, independientemente de que existan recursos disponibles.
«El Cabildo de Tenerife cumple con holgura el principio de estabilidad presupuestaria, contando con un balance fiscal sano y una situación financiera solvente. En 2024, superamos de forma responsable la regla de gasto. El dinero del Cabildo de Tenerife se queda en Tenerife y no se destina a pagar la deuda de otras comunidades ni a permanecer en los bancos», enfatiza Dávila. En este sentido, el Cabildo cumple con los parámetros del pago medio a proveedores (10,50 días), la estabilidad presupuestaria (33 millones de euros) y el endeudamiento (16,18 %, muy por debajo del 110 % permitido por el Estado).
Rosa Dávila defiende contundentemente la gestión del grupo de gobierno del Cabildo: «Hemos actuado con responsabilidad institucional y ambición política, invirtiendo en lo urgente y lo importante: vivienda, agua, transporte y recuperación ambiental. Y lo hemos hecho deliberadamente, sin comprometer la salud financiera del Cabildo, utilizando sus ahorros dentro del marco legal permitido y logrando una alta ejecución del presupuesto. La ciudadanía de Tenerife no entendería que, existiendo recursos, no se usaran para mejorar su calidad de vida. Eso es precisamente lo que hemos hecho, lo cual ha permitido—junto con otras políticas impulsadas—ayudar a la generación de empleo y que hoy experimentemos la mayor disminución del paro en Tenerife en los últimos 15 años».
La presidenta reafirma que «hemos priorizado lo verdaderamente importante: afrontar inversiones que no pueden esperar más tras años de baja ejecución presupuestaria y un frenazo administrativo que tenía a la isla paralizada. El año pasado invertimos 117 millones de euros en la reconstrucción y reparación de daños del devastador incendio forestal de 2023 e impulsamos urgentemente la política de vivienda pública».
El vicepresidente, Lope Afonso, apunta que «el incremento del gasto se debe a la inversión en vivienda, la emergencia hídrica y la recuperación del gran incendio forestal, que son no solo esenciales sino que, en condiciones de normativa fiscal ordinaria, serían catalogadas como financieramente sostenibles, y no deberían computar para este plan. Sin embargo, la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y un marco estatal claro sobre la disciplina fiscal a aplicar a las Corporaciones locales lleva a que, por defecto, acaben computándose». Afonso añade que «de haber contado con el marco adecuado, ni siquiera habría sido necesario elaborar un plan económico financiero, sino que se trataría de un desfase de unos 15 millones de euros. La falta de cumplimiento del Estado nos ha llevado a esta situación”.
Rosa Dávila también recuerda que “ante el inmovilismo anterior, hemos destinado recursos económicos a inversiones urgentes en desalación y depuración de agua, claves en el marco de la declaración de emergencia hídrica que hicimos el año pasado. Además, seguimos apostando por la movilidad sostenible con un incremento sin precedentes de la flota de TITSA». De los 101 millones de euros de remanente de este año, solo se destinarán unos 33 millones para amortizar deuda, mientras que los otros 67 millones se podrían dedicar a inversiones y proyectos estratégicos para la Isla.
Por su parte, el director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, quien presentó el plan durante el Pleno celebrado, indicó que la decisión de incumplir la regla de gasto se ajusta a lo previsto por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que permite hacerlo siempre que se apruebe un Plan Económico-Financiero. Es relevante señalar que el Estado aún no ha traspuesto la nueva normativa europea sobre gobernanza fiscal, que permite una aplicación más flexible y realista de la regla de gasto, ya vigente en la Unión Europea. Esta falta de acción obliga a administraciones responsables, como el Cabildo, a tomar decisiones que, bajo otras condiciones legales, serían perfectamente ordinarias.
