Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, enviará una carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para reclamarle el abono de los sobrecostes ocasionados por la gestión de la infancia migrante no acompañada, que ha cifrado en 194 millones de euros, según ha afirmado su viceconsejero de Presidencia y portavoz, Alfonso Cabello.
Cabello, que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha cifrado en 5.551 menores no acompañados los que aún tutela la Comunidad Autónoma, acogidos en 82 centros, ha recordado que, con derecho a asilo, hay 1.138 niños.
«Y la realidad es que tres meses y medio después de la modificación legal y dos meses y medio después de las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Supremo seguimos igual, con 82 centros colapsados y desbordados y sin declararse la contingencia migratoria», se ha quejado Cabello, que ha recordado que en el verano las llegadas de migrantes se suelen incrementar por las calmas en el mar.
El portavoz autonómico ha pedido no «ocultar» la realidad del coste económico que supone esa gestión de los menores extranjeros no acompañados y ha lamentado que el presidente Pedro Sánchez no haya cumplido con su compromiso de hacer una aportación extraordinaria cercana a los 100 millones de euros, pues solo han llegado cerca de 50.
«La Consejería de Bienestar Social y la Dirección General de Infancia se han visto obligadas a solicitar a Hacienda que cubra 9 millones de euros de facturas de abril, 23 millones de mayo y la proyección hasta final de mayo está por encima de los 150 millones de euros», ha ahondado Cabello, que ha insistido en que esos recursos «se detraen» de partidas ordinarias del presupuesto.
Se ha quejado de que no es solo que el Gobierno de España «no cumpla» con la ley de extranjería recientemente modificada o con las cautelares del Supremo, sino que «hace 20 meses que no se produce ningún avance» para que se produzcan derivaciones.
«Necesitamos una fecha concreta para que el Estado cumpla con su obligación legal y con el Tribunal Supremo. Seguimos recibiendo propuestas técnicas y documentación, a la que respondemos siempre, pero quien tiene la obligación legal de dar respuesta es el Gobierno de España y sigue sin hacerlo», ha agregado el portavoz del Ejecutivo.
También ha dicho que quien debe dar explicaciones sobre por qué no se avanza es el ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres. EFE
