Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La diputada del Común, Lola Padrón, ha advertido este martes en el pleno del Parlamento de que las propias administraciones públicas canarias están generando «pobreza invisible» en la sociedad por la falta de respuesta de servicios públicos como sanidad o vivienda, carencias que generan «miedo» en una sociedad desprotegida ante desahucios o desatención médica.
Lola Padrón ha presentado en el pleno del Parlamento de Canarias su informe anual de 2024, el primero desde que accedió al cargo, en el que se refleja un aumento de más del 8% en las quejas de la ciudadanía contra las administraciones, en particular la autonómica, que concentra el 70% de las protestas.
La diputada del Común ha hecho dos encargos concretos al Gobierno de Canarias, uno de ellos en vivienda y otro en sanidad, dos áreas en las que los ciudadanos tienen «miedo».
En un caso el miedo viene por las dificultades para hacer frente a la subida de los alquileres y en el otro por la falta de atención médica, en particular entre la población del norte de Tenerife por el deficiente funcionamiento del Hospital Universitario de Canarias.
En vivienda, ha instado al Gobierno a poner en marcha un plan de viviendas vacías, que daría «resultados inmediatos», y también ha pedido que se regule el precio de los alquileres en las zonas tensionadas.
Respecto al HUC, ha dicho que es un buen hospital con excelentes profesionales, pero su servicio de urgencias es «inaceptable».
Por ello, ha reclamado una intervención directa del Gobierno autonómico en el Hospital Universitario de Canarias para proceder a una reorganización operativa de las urgencias y para «revisar los perfiles» de la gerencia y de la dirección médica de este centro sanitario.
El HUC «merma la credibilidad» del sistema sanitario y «crea miedo» entre la población del norte de Tenerife por tener que utilizar sus servicios, ha advertido la diputada del Común.
Ha relacionado las deficiencias en la asistencia sanitaria pública con el avance de un 65% en los seguros privados, que se produce a pesar de que la mitad de las familias canarias no tienen recursos suficientes para hacer frente a un imprevisto, una muestra más de que la administración «no responde» y genera «pobreza invisible», según la diputada del Común.
Lola Padrón también ha hablado del «miedo» que existe entre las familias a ser desahuciadas, «no solo en familias en riesgo de exclusión social, que también», sino en otras muchas que no se ven capaces de hacer frente al aumento constante de los alquileres.
Ha reconocido que en vivienda se están planificando acciones, pero a la vez es evidente que «la población está al límite» y están aumentando las cifras de vulnerabilidad, «una vulnerabilidad que nos puede afectar a todos», ha subrayado.
Junto a las dos demandas al Gobierno de Canarias, la Diputada del Común ha dirigido una petición adicional al Parlamento de Canarias: que retome la ley del tercer sector, aquella que pretendía estabilizar económicamente a las entidades que trabajan en la atención y cobertura de los derechos sociales.
«Si no tuviéramos tercer sector, no sé qué haríamos», ha dicho Lola Padrón a los parlamentarios.
La diputada del Común ha señalado que en su intervención parlamentaria ha querido centrarse en dos de los principales problemas que generan «pobreza invisible», como son la vivienda y la atención sanitaria, pero las quejas abarcan a todas las áreas.
El informe se basa en esas quejas y por lo tanto es la voz de la ciudadanía, no es la voz de la Diputación del Común, ha dicho Lola Padrón, y ha emplazado a los diputados y diputadas a que «escuchen, tomen nota y actúen».
El informe de 2024 de la Diputación del Común refleja la «preocupación, cansancio, desaliento e incertidumbre» entre la población por la falta de respuesta de las administraciones a sus problemas y por la dificultad de hacer efectivos sus derechos.
Entre las 3.199 quejas, son mayoritarias las que se dirigen al área de discapacidad del Gobierno de Canarias (603), que tarda hasta cinco años en reconocer los grados, cuando legalmente debería resolverlo en un máximo de seis meses.
Le siguen dependencia, con 470 quejas, servicios sociales, con 284, sanidad, con 224, vivienda, con 178, trabajo y función pública, con 174, y seguridad social y empleo, con 151. EFE
