El Gobierno de Canarias tiene previsto poner en marcha, el próximo mes de septiembre, la Estrategia del Dato Administrativo, cuyos ejes y objetivos ya han sido aprobados en la Comisión de Transformación Digital del Gobierno de Canarias.
Una vez que, en fechas próximas, tenga el visto bueno del Consejo de Gobierno, se implementará la infraestructura de soporte necesaria a través de una Oficina de Apoyo a los Departamentos del Gobierno de Canarias que cuenta con Unidades del Dato coordinadas y ajustadas al modelo de gobernanza diseñado en la propia estrategia.
La implantación de un modelo de gobierno y gestión de datos para fines administrativos en la Comunidad Autónoma de Canarias es una prioridad para garantizar la calidad, interoperabilidad, seguridad y reutilización de la información administrativa.
Utilizar los datos de forma correcta y eficiente en la administración es un objetivo que tiene consecuencias muy positivas para la ciudadanía. En primer lugar, permite agilizar procesos administrativos y hacerlos más eficientes, facilita la simplificación, reduce duplicidades y mejora la coordinación entre departamentos. De esta manera, una vez que le pedimos un dato al administrado (su nombre, dirección o teléfono), lo tenemos a disposición para pedirle aclaraciones sobre su expediente, ofrecerle nuevos servicios o, sencillamente, no volvérselo a pedir cuando vuelva a dirigirse al Gobierno de Canarias.
Pero, por otro lado, los datos le permiten al Gobierno de Canarias tomar decisiones basadas en información actualizada para definir políticas públicas, asignar presupuestos y desarrollar iniciativas. Permite que los responsables públicos se adelanten a necesidades que van surgiendo y a los retos a los que se enfrenten.
Precisamente, el uso eficiente de datos acorta tiempos de espera; son vitales para aplicar herramientas tecnológicas innovadoras como inteligencia artificial, robotización o geolocalización de expedientes con la consecuente optimización y priorización de servicios. Asimismo, posibilita ofrecer servicios proactivos, aquellos en los que la persona desconoce que tiene derecho a una prestación y puede recibirla a iniciativa de la propia administración.
Los datos permiten además contar con una administración más transparente, dado que una gran parte de ellos, los no personales, pueden publicarse y servir para que los propios ciudadanos y las empresas mejoren los servicios que prestan o aumenten su accesibilidad. La relevancia del dato es, además, medible. Así, se estima que hoy en día la economía del dato aporta en torno al 3,7 % del Producto Interior Bruto (PIB) español y el 8 % del europeo.