Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La asociación responsable de los dos centros para menores inmigrantes clausurados por el Juzgado de Violencia sobre la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria acoge al 35 % de todos los niños y adolescentes llegados en patera a las islas que están bajo tutela del Gobierno de Canarias.
Según datos proporcionados a EFE por la Dirección General de Protección a la Infancia de la comunidad, Quórum Social 77 gestiona en la actualidad centros con capacidad para 1.925 menores inmigrantes, cifra que equivale a uno de cada tres chicos tutelados según el último recuento oficial publicado (5.484, a 18 de julio).
Quórum Social 77 es una entidad fundada en 2009 como asociación sin ánimo de lucro que lleva años trabajando con el Gobierno de Canarias en la asistencia a los menores en ámbitos ajenos a la inmigración (en 2022, por ejemplo, ganó un contrato de 2,22 millones para la atención residencial de menores con discapacidad).
Pero ha sido con la reactivación de la Ruta Migratoria Canaria a partir del verano de 2019 cuando ha cobrado notoriedad, al ser una de las referencias del sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados en las islas, donde en 2023 y 2024 la constante llegada de cayucos obligó a abrir centros, literalmente, de un día para otro.
Según el Portal de Contratación del Estado, en 2024, el Gobierno de Canarias adjudicó a Quorum Social 77 la gestión de once nuevos centros de menores en Gran Canaria y Tenerife por 6,97 millones.
Esa cifra corresponde solo a la adjudicación de los centros de Firgas (uno de los inspeccionados el jueves), Fortaleza V, Salinetas, Teror, Mujica, San Nicolás, Hoya Fría II, Corvo I, San Juan IV, Tirajana I y Tacoronte VI, pero su facturación puede ser mucho mayor.
Recibe 90 euros diarios por menor
En varias de las resoluciones que aparecen en la Plataforma de Contratación del Estado se establecen precios unitarios con Quórum Social 77 de entre 90 y 94 euros diarios por menor acogido en sus centros, lo que supone una facturación potencial de más de 173.000 euros diarios (o más de cinco millones mensuales), en los momentos en los que sus 1.925 plazas están todas ocupadas.
Dos de sus directivos fueron detenidos este jueves por la Policía Canaria y puestos en libertad con cargos, en una causa que instruye bajo secreto de sumario el único juzgado de España especializado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, el de Las Palmas.
De los registros practicados hace 24 horas sí se conocen algunas claves: son una prolongación del caso que puso en marcha en mayo la propia Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias al llevar ante la Fiscalía las quejas de varios chicos residentes en el centro La Fortaleza I, que relataron haber sido víctimas de malos tratos, amenazas e insultos racistas.
En ese momento, había en ese centro 45 adolescents magrebíes y subsaharianos, todos mayores de 16 años, que fueron realojados.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias informó entonces de que el juez había dispuesto su cierre «ante las numerosas evidencias y testimonios recibidos sobre la presunta comisión en su interior de delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, delitos contra la integridad moral y amenazas, todos presuntamente consumados en el ámbito de su actividad». Es decir, cometidos con los chicos acogidos.
Nueve empleados de Quorum Social 77 fueron arrestados durante el registro del centro de Santa Brígida. Este jueves, el mismo juez mandó inspeccionar dos centros más administrados por la misma entidad, uno en Arinaga, con 148 menores acogidos (básicamente adolescentes), y otro en Firgas (dedicado a niños más pequeños).
Una red de acogida saturada
El magistrado decretó el cierre del primero, cuyos usuarios han sido repartidos entre otros 21 recursos de acogida de Gran Canaria. No se han hecho públicas las razones, pero fuentes de la Consejería de Bienestar Social consultadas por EFE precisan que se trata de una prolongación de las mismas conductas que se investigan desde mayo.
Todo ello sucede tras meses de advertencias por parte del Gobierno de Canarias de que el número de menores a los que tutela, que ha llegado a rozar los 6.000, no solo desborda su capacidad de ofrecer una acogida digna, sino también la de supervisar y controlar lo que sucede en los centros y cómo son tratados los chicos.
Es lo que dijo ayer al conocer el caso el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en unas palabras que este viernes le ha afeado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien sostiene que la saturación de la red de acogida no puede ser utilizada para explicar la comisión de hechos delictivos con los menores.
Las plazas de Quórum Social clausuradas en esta operación solo representan una pequeña parte de las que ofrecen todos sus centros (unas 200 sobre un total de 1.925), de los que no consta en este momento que estén sometidos a escrutinio judicial por irregularidades o comportamientos delictivos. EFE
