Madrid (EFE).- Las autonomías han aprobado la transferencia, por parte del Gobierno, de 13 millones de euros a las comunidades más afectadas por los flujos migratorios para la atención de menores extranjeros no acompañados: Canarias (5), Ceuta, (4,1), Melilla (1,7) y Baleares (1,2).
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha informado de ello en declaraciones a los medios tras presidir la Conferencia Sectorial celebrada este viernes, la primera presencial desde que se puso en marcha el mecanismo de reubicación de los jóvenes creado por el Gobierno, al que se oponen la mayoría de las comunidades del PP.
Preguntada por los recursos judiciales que están interponiendo Gobiernos autonómicos como el de Cantabria ante las resoluciones de traslado dentro de este sistema de derivación, Rego ha señalado que esta judicialización por parte del PP ha sido una «constante» desde que se planteó el modelo.
Ha añadido que el «bloqueo sistemático» de estas autonomías tiene que ver con una posición «nítidamente racista» y con el hecho de que «le están comprando la agenda ultra a Vox»: «Pero eso es un asunto que tendrá que justificar o acreditar el PP», ha completado.
Mientras tanto, ha precisado, el Gobierno sigue trabajando porque «no hay ningún marco en el que sea posible no cumplir con la ley» y ha tramitado ya unos 200 expedientes de las comunidades de origen y está en el proceso de dar cumplimiento a los traslados.
Canarias reclama más medios humanos para las derivaciones
La consejera canaria del área, Candelaria Delgado, ha informado a su salida de la reunión que durante la misma ha pedido al Gobierno más medios humanos para las Subdelegaciones del Gobierno y Fiscalía con el fin de agilizar los traslados ya que, hasta ahora, las cifras son «insuficientes».
Ha puntualizado que solo se han realizado 24 derivaciones por la vía ordinaria (de niños y adolescentes que ya estaban en Canarias antes de declarar la contingencia migratoria) y 16 de los más de 140 que han llegado a las islas desde esta declaración, que tendrían que ser traslados en 15 días desde su llegada.
También se ha cuestionado durante el encuentro cuándo llegarán a las comunidades los 100 millones de euros del fondo vinculado al real decreto ley que regula el mecanismo de reubicación y el Ejecutivo central ha garantizado que las comunidades lo empezarán a recibir en unos 30 o 40 días, ha informado Delgado.
Una financiación que Canarias, junto a otras comunidades, han pedido que se amplíe hasta que los chicos cumplan la mayoría de edad.
Baleares pide no recibir a ningún niño de otras comunidades
Por su parte, la consejera de Islas Baleares, Sandra Fernández, ha señalado que la partida de 1,2 millones aprobada hoy para su comunidad es «del todo insuficiente», ya que hoy en día las islas acogen a 732 menores migrantes, lo que supone 2 de cada 3 niños y adolescentes en su sistema de protección.
Fernández ha puesto de relieve durante la reunión sus dificultades para hacerse cargo de estos chicos -de financiación, infraestructuras y personal- y ha pedido por ello que no les deriven más menores desde otras comunidades.
La consejera ha informado que también ha mostrado a la ministra Rego su «total y absoluto rechazo» a sus recientes manifestaciones en las que afirmó que el de Baleares es un Gobierno racista cuando este trata de hacer frente a una «crisis humanitaria» acogiendo «de forma digna y lo más adecuadamente posible» a todos los menores.
Por otro lado, Castilla-La Mancha ha trasladado al Gobierno la necesidad de trabajar en un plan de acción junto a la Fiscalía para garantizar que todos los jóvenes derivados son realmente menores de edad para evitar poner en peligro a los que ya están en el sistema, según ha explicado la consejera del ramo, Bárbara García.
Y la de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce, ha cargado contra la gestión del que ha calificado como «Ministerio contra la Infancia», al impulsar un modelo que está «mandando a menores por sorteo en contra de su voluntad y de su situación personal».
Este Gobierno autonómico ha asegurado que no puede atender a ningún menor más porque sus centros están «absolutamente colapsados»: «Vamos a hacer al Gobierno de España y a la ministra responsables de todo lo que pueda ocurrir», ha advertido.
