Un informe del Colegio de Economistas de Las Palmas, elaborado a instancias de VISOCAN, concluye que el municipio no rebasa los límites establecidos en la Ley por el derecho a la vivienda para la declaración de zona tensionada. El estudio afirma que los datos de los portales inmobiliarios no son confiables como fuente, ya que no reflejan los precios reales de cierre de las operaciones en el mercado inmobiliario.
Las Palmas de Gran Canaria no cumple ninguno de los requisitos exigidos por la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda para ser considerada una zona de mercado residencial tensionado, según los datos oficiales publicados. Así lo constata el informe técnico presentado por el Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas (COELPA), a instancias de la empresa pública VISOCAN.
El estudio, titulado ‘Zona de Mercado Residencial Tensionado: municipio de Las Palmas de Gran Canaria’, forma parte del convenio de colaboración firmado entre COELPA y VISOCAN, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. Su objetivo es analizar, con datos oficiales y criterios técnicos, la viabilidad jurídica y económica de declarar zonas tensionadas en el Archipiélago.
Según el Decano del Colegio de Economistas, Alcibíades Trancho Lemes, “las conclusiones del informe derivan exclusivamente de fuentes oficiales y han sido elaboradas con rigor metodológico. Ni la presión sobre la renta familiar ni el crecimiento de los precios supera los umbrales establecidos por la ley. Por tanto, no procede declarar Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada, ni en su conjunto ni en ninguno de sus distritos”.
El director gerente de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (VISOCAN), Javier Terán, afirma que este estudio es una muestra más del compromiso de esta empresa pública del Gobierno de Canarias con la resolución del déficit habitacional que afecta a las Islas. “Desde VISOCAN trabajamos en la promoción de vivienda protegida, pero también colaboramos con iniciativas que nos ayuden a conocer en profundidad el mercado inmobiliario canario. De hecho, además de encargar este análisis, lideramos la puesta en marcha del Observatorio Canario de la Vivienda (OBVIA), un instrumento clave en el análisis del sector y su dinamización, así como en el intercambio de información que favorezca la toma de decisiones, la planificación y el desarrollo de una estrategia eficaz que responda a las necesidades reales de la ciudadanía”, afirma Terán.
Las viviendas aumentan en mayor proporción que la población
La coordinadora del estudio, la doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, Rosa Rodríguez, detalla que la ciudad ha experimentado una disminución de 5.316 habitantes entre 2011 y 2023, lo que supone una caída del 1,39%. Además, en el periodo de 1991 a 2024 (33 años), mientras la ciudad solo creció en población un 7,2%, la provincia de Las Palmas y la Comunidad Autónoma de Canarias lo hicieron en torno a un 50%, lo que refleja una pérdida de peso de la capital.
En el periodo de 2001 a 2021 (20 años), el parque de viviendas aumentó en 23.515 unidades para atender un número incremental de hogares estimado en 10.750 unidades de convivencia, generando un excedente de 12.765 inmuebles. Además, en 2021, permanecían sin uso definido otras 7.164 viviendas, aparte de las 24.822 viviendas vacías.
“No hay indicios de tensión estructural por falta de vivienda. La evolución del mercado residencial responde no a una escasez de viviendas, sino más bien a una dinámica de sobredimensionamiento, que sin embargo no son ofertadas en el mercado por sus propietarios”, afirma Rodríguez.
El informe se basa en los dos criterios clave de la Ley 12/2023 para declarar una zona tensionada: por un lado, que el coste medio de la hipoteca o alquiler más los gastos y suministros básicos de la vivienda superen el 30% de la renta media de los hogares; y por otro, que el precio de compra o alquiler haya subido, en los últimos cinco años, más de tres puntos porcentuales por encima del IPC acumulado.
“Con datos oficiales, ninguno de estos criterios se cumple, ni a nivel municipal ni en los cinco distritos. La carga del esfuerzo económico de las familias está por debajo del límite legal y la evolución de precios, aunque ascendente, no alcanza los umbrales definidos”, señala Rodríguez.
Fotocasa e Idealista: precios de salida, no de cierre
Uno de los puntos más relevantes del informe es la advertencia fundamentada sobre el uso de portales inmobiliarios como fuente estadística válida. Tanto Fotocasa como Idealista publican precios de oferta o salida, es decir, los que fija el anunciante, y no los precios finales de cierre de las operaciones.
“En sus webs, los portales reconocen que sus cifras no reflejan ni el precio medio corriente del alquiler ni el importe final de transacción. Son datos orientativos del mercado en bruto, sin depuración ni validación técnica, con diferencias significativas respecto a los datos oficiales”, lo que genera dudas sobre la consistencia de los datos para la toma de decisiones tan importantes, apuntan los economistas.
Rentas familiares superiores a la media regional y hogares pequeños
El informe también indica que los distritos Centro, Ciudad Alta e Isleta – Puerto – Guanarteme presentan rentas medias superiores a la media regional, lo que implica una mayor capacidad de los hogares del municipio para afrontar pagos residenciales.
Además, la estructura de los hogares refleja una tendencia clara hacia unidades más pequeñas. En 2021, el 52,8% de los hogares estaban compuestos por uno o dos miembros, cifra que alcanzaba el 60,7% en el distrito Isleta – Puerto – Guanarteme, el más elevado de la ciudad. Esto sugiere la necesidad de disponer de viviendas de menores dimensiones.
El estudio también aclara que ciertos gastos habitacionales, como las cuotas de comunidad de propietarios, no deben ser imputados al inquilino salvo que lo indique expresamente el contrato, tal y como establece la sentencia del Tribunal Supremo 2129/2025. De este modo, no deben contabilizarse como parte del esfuerzo de pago si son asumidos por el propietario, como es habitual.
Recomendaciones
Dado que no se cumplen los criterios legales ni existe una escasez estructural de vivienda, el Colegio de Economistas recomienda centrar los esfuerzos en conocer mejor el parque público disponible. Propone identificar las viviendas en manos de la administración por herencias o impagos y analizar el volumen real de viviendas vacías y sus causas, incluida la inseguridad jurídica que frena a muchos propietarios a sacar sus inmuebles al mercado de alquiler.
Asimismo, sugiere fomentar la rehabilitación y división de viviendas de gran tamaño, ofrecer incentivos fiscales efectivos, también de naturaleza municipal, y profundizar en el análisis del mercado de la vivienda (oferta-demanda-precios) a través del Observatorio de la Vivienda. Finalmente, plantea la necesidad de revisar la Ley 12/2023 para adaptarla mejor a la realidad del mercado y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios.
