Santa Cruz De Tenerife (EFE).- El Gobierno de Canarias ha reclamado a la Comisión Europea un refuerzo material y humano “significativo” de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) en el archipiélago, que incluya medios aéreos, embarcaciones, radares y otros sistemas que mejoren la vigilancia fronteriza.
En respuesta a la consulta abierta por la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior para actualizar la normativa de este organismo, el equipo del presidente Fernando Clavijo plantea que Frontex incremente su presencia en las islas, según ha difundido este miércoles el Gobierno autonómico.
El objetivo es que la Guardia Europea de Fronteras y Costas potencie “de manera estable y proporcional” su presencia en “puntos estratégicos como Canarias”, dotándose de “recursos adaptados al entorno marítimo y a la realidad geográfica insular”.
Para lograrlo, el Gobierno canario considera “crucial” que el nuevo reglamento que prepara Bruselas contemple la posibilidad de incluir en el operativo de Frontex un “refuerzo significativo de recursos” acorde a la magnitud del reto migratorio que afrontan las islas.
Actualmente, los equipos de Frontex presentes en Canarias limitan su labor a trabajar en los diferentes Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) brindando su apoyo a la Policía Nacional en las labores de identificación y entrevistas de los migrantes recién llegados a las islas.
Extender la acción de Frontex
El Gobierno de Canarias lleva toda la legislatura reclamando que Frontex vaya «mucho más allá» y coopere con el Estado en las labores de vigilancia y salvamento, no solo en las costas canarias, sino también en las de los países de origen de los migrantes.
Sin embargo, añade el Gobierno canario, esta demanda «ha chocado una y otra vez» con la negativa del Ministerio de Interior a pedir la colaboración de la agencia europea, una solicitud «imprescindible», según trasladó el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, al presidente Fernando Clavijo en la reunión que mantuvieron el pasado 21 de enero en Estrasburgo.
Por esa razón, aprovechando «la ventana de oportunidad» que supone la consulta abierta por Bruselas, el Ejecutivo autonómico ha solicitado de forma directa que el nuevo reglamento de Frontex contemple un despliegue mucho más amplio para controlar la peligrosa Ruta Atlántica y salvar vidas.
En esta línea, otra de las demandas planteadas por Canarias es que el brazo operativo de la UE en materia migratoria pueda participar en la gestión humanitaria del drama migratorio y en tareas de salvamento marítimo.
En concreto, se pide que el nuevo reglamento de Frontex incorpore “protocolos específicos de coordinación con los servicios nacionales de salvamento (como Salvamento Marítimo en España), respetando competencias estatales, pero favoreciendo la cooperación operativa real”.
“Canarias es punto recurrente de operaciones de búsqueda y salvamento (SAR). La futura regulación debe asegurar que Frontex no solo actúe en control de fronteras, sino también en apoyo humanitario coordinado y conforme al Derecho Internacional del Mar y los derechos fundamentales”, indica la propuesta del Ejecutivo autonómico.
Más participación de las regiones
La respuesta del Gobierno de Canarias a la consulta abierta por la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea solicita asimismo que las regiones tengan más peso en las decisiones sobre el despliegue operativo de Frontex.
“Las autoridades autonómicas tienen competencia directa en servicios básicos (sanidad, servicios sociales) y deben formar parte de la planificación operativa de Frontex para asegurar la coordinación interinstitucional”, subraya el documento.
En su propuesta, el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo defiende que dar voz a los territorios que afrontan en primera línea la presión migratoria fortalecerá “la eficiencia del sistema europeo de gestión de fronteras y retornos desde una perspectiva territorial concreta, respetuosa con los derechos humanos, adaptada a los retos actuales y con una gobernanza más inclusiva”.
Asimismo, Canarias pide a Bruselas que incluya en el nuevo reglamento de Frontex “un enfoque diferenciado para las regiones ultraperiféricas, que enfrentan desafíos particulares en materia de presión migratoria, capacidad logística y vulnerabilidad territorial”.
El repunte en la Ruta Atlántica
El Gobierno autonómico defiende que la capacidad de respuesta inmediata y coordinada con Frontex es “crucial” para afrontar la llegada constante de cayucos y pateras al archipiélago, en especial tras el fuerte incremento experimentado por la Ruta Atlántica con más de 87.000 migrantes llegados a Canarias por mar en 2023 y 2024.
En especial, el documento elevado a la Comisión Europea subraya la “alarmante” situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias, con más de 5.000 niños y niñas acogidos en solitario en 82 dispositivos.
Recuerda asimismo que el propio el informe “Análisis anual de riesgos 2025-2026” publicado recientemente por Frontex advierte de que la presión migratoria sobre Canarias se mantendrá alta durante el 2025, debido a factores como el deterioro político y de seguridad en el Sahel, la crisis humanitaria en la región, la influencia rusa y el potencial uso instrumental de la migración, así como los recortes de ayuda humanitaria.
Para abordar esta presión migratoria, el Ejecutivo regional propone a Bruselas que aproveche el cambio del reglamento de Frontex para “promover un enfoque más ágil y eficiente en la colaboración con terceros países”.
“La Unión Europea debe reforzar su diálogo con los países de origen y de tránsito del África Occidental desde los que parten las pateras y cayucos para garantizar la presencia de Frontex en sus aguas jurisdiccionales. Esto implica promover acuerdos bilaterales con estos países, apoyándoles en labores de vigilancia marítima”, indica la propuesta canaria.
Por último, la respuesta de Canarias a la consulta abierta por la UE llama a incluir en el programa de formación del personal de Frontex contenidos específicos sobre derechos fundamentales, que abarquen el acceso a la protección internacional y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, tales como menores, menores no acompañados, personas con discapacidades, personas de edad avanzada y mujeres potenciales víctimas de violencia de género. EFE
