Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El juez de guardia en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha enviado a prisión a 17 de los 251 ocupantes del cayuco rescatado el 24 de agosto después de que murieran decenas de sus compañeros, por su posible implicación en la tragedia que ocurrió a bordo, que incluye varias muertes violentas.
El magistrado ha tomado esa decisión tras escuchar este viernes no solo a los detenidos por la Policía -16 senegaleses y un gambiano-, sino también a cuatro supervivientes del cayuco que han proporcionado como testigos protegidos un relato «durísimo», que describe episodios de violencia extrema, con palizas y varias personas arrojadas vivas por la borda, han indicado a EFE fuentes judiciales.
Cargos por homicidio o asesinato
Los detenidos se enfrentan a la acusación habitual de delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (favorecer la inmigración irregular como patrones del cayuco), con el añadido en este caso de delitos de lesiones y delitos contra la vida.
Las fuentes han precisado que se trata de una calificación genérica que probablemente se transforme en cargos por homicidio doloso (voluntario) o asesinato (con alevosía) conforme avance la investigación y se escuche a más supervivientes de la tragedia.
La cifra de víctimas aún no está cerrada, pero puede superar el medio centenar e, incluso, aproximarse a las 70 muertes, ya que los testigos aseguran que la embarcación partió hacia Canarias con «más de 300» ocupantes y algunos hablan de 320 personas.
Si esta última cifra se confirma, convertiría a ese cayuco en el mayor que se ha aventurado hasta la fecha a la Ruta Canaria, igualando al que llegó al puerto de La Restinga, en El Hierro, el 21 de octubre de 2023, que también transportaba a 320 personas.
Se trata de una embarcación de dimensiones enormes que partió con ocupantes procedentes en su mayoría de Gambia y de Senegal once días antes de ser encontrado a la deriva por un mercante al oeste de Dajla (Sahara Occidental), a más de 400 kilómetros al sur de Canarias.
Salvamento Marítimo publicó en X el 24 de agosto una fotografía tomada en alta mar que ilustra lo atestado que iba, a pesar de que en la imagen no se ve a las personas viajaban en los niveles inferiores.
Antes de poner rumbo a España, estuvo varios días fondeado lejos de la costa, mientras iban llegando en cayucos menores las personas que iban a formar parte de la expedición, cuyo número ya provocó algunos roces en la salida, por lo hacinados que iban todos.
En un momento no determinado de la travesía, el motor de la embarcación se rompió, lo que desató la tragedia, primero en forma de muertes por sed con el paso de los días, pero sobre todo cuando algunos de los migrantes fueron acusados de ser brujos que habían provocado la mala suerte. Los desafortunados que sufrieron esa acusación fueron maniatados, apaleados y arrojados vivos al mar.
No es la primera vez que esto ocurre en la Ruta Canaria. De hecho, el Juzgado de El Hierro instruye dos casos similares aflorados por la Guardia Civil a finales de 2024, en el que presuntamente fueron asesinados cuatro y ocho personas, respectivamente, también por acusaciones guiadas por el mismo tipo de superstición.
En este caso, la violencia fue creciendo con el curso de los días, según se iban agotando el agua y los víveres y los patrones trataban de imponer su ley, armados con palos y cuchillos, han relatado los testigos protegidos.
Violencia contra todo el que se quejaba
Entonces, ya no solo se tiraba al océano a quienes tenían la desgracia de ser señalados como «brujos», sino también a los que salieron en su defensa e, incluso, a los que simplemente se quejaban de la penuria del viaje o pedían agua o comida.
La crudeza del relato de los supervivientes sobre esos episodios violentos ha conmocionado incluso a los intérpretes que tradujeron para el Juzgado sus declaraciones, a pesar de tener experiencia en esta materia, han remarcado las fuentes.
No solo hubo muertes a bordo, también lesiones y amenazas: a un testigo le partieron los dientes, a otro lo rociaron con gasolina y a un tercero le amenazaron con tomar represalias con su hijo, un menor que viajaba con él, si no se callaba y seguía sus órdenes.
En este momento de la instrucción no se ha concretado el número de muertes que se produjeron, pero los testimonios disponibles describen tanto muertes por deshidratación, como personas arrojadas vivas al mar. Las primeras suelen catalogarse en los tribunales como homicidio por imprudencia; las segundas, podrían ser calificadas como homicidio o asesinato, en virtud de las circunstancias que concurran.
