Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Gobierno de España ha concedido hasta el momento 237.145 nacionalidades a descendientes de exiliados republicanos en virtud de lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática, según ha anunciado este viernes en Canarias el ministro responsable de ese área, Ángel Víctor Torres.
En declaraciones realizadas durante una visita a las Oficinas de Extranjería de Las Palmas de Gran Canaria, Torres ha detallado que las solicitudes de nacionalidad concedidas hasta la fecha representan el 27 % de todas las presentadas, que son 876.321.
Y benefician, ha recordado, «a los nietos e hijos de personas que tuvieron que salir de España a otros países, fundamentalmente a América Latina, en los años de la Guerra (Civil) y la dictadura».
La mayor parte de ellas, ha detallado, se han cursado desde Argentina.
El procedimiento lo abrió la Ley de Memoria Democrática de 2022, que establece lo siguiente en una de sus disposiciones adicionales: «Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil».
Además, señala otros supuestos como, por ejemplo, para los desdencientes nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros, antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
Para formalizar las solicitudes se marcó un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley, aunque se estableció una prórroga de un año, que finaliza el próximo 24 de octubre.
Las encargadas de llevar a cabo la tramitación de estos expedientes son las oficinas consulares de España en los distintos países, ha recordado el ministro Torres.
Hasta finales de noviembre de 2024, se recibieron un total de 351.266 solicitudes, casi 125.000 más que desde la entrada en vigor a finales de 2023.
Más de un 95 % de estas solicitudes se presetaron en las oficinas consulares de España en Iberoamérica y en el Consulado General de España en Miami (Estados Unidos).
En concreto, los cinco consulados en Argentina representan un 40 % de las solicitudes totales. Si se suman las cursadas en La Habana, las peticiones procedentes de Argentina y Cuba, superan el 53 %. EFE
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