“Lo que hace un año ocupaba titulares en la prensa, como tiendas de campaña en azoteas, minicampings en locales comerciales o furgonetas camperizadas, ya no está presente en Airbnb y pronto tampoco estará en otras plataformas con las que seguimos dialogando”, afirma la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León
La Consejería de Turismo y Empleo y Airbnb, a través del Memorándum de Entendimiento (MoU) firmado el pasado 9 de abril, ha permitido depurar la oferta turística que no cumplía con la normativa vigente. Gracias a esta colaboración, se han desactivado más de diez mil anuncios de alojamientos turísticos manifiestamente irregulares.
“Lo que hace un año ocupaba titulares en la prensa, como tiendas de campaña en azoteas, minicampings en locales comerciales o furgonetas camperizadas, ya no está presente en Airbnb y pronto tampoco estará en otras plataformas con las que seguimos dialogando”, afirma la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León.
La Directora de Políticas Públicas para España y Portugal en Airbnb Marketing Services, Sara Rodríguez, destaca que “este es un nuevo capítulo para Airbnb en las Islas Canarias, definido por un compromiso proactivo con la colaboración, la calidad y una visión a largo plazo de crecimiento sostenible”. Durante estos meses, la plataforma ha notificado a todos los anfitriones de Canarias la obligación de registrarse y ha trabajado intensamente para ofrecer orientación a su comunidad, a través de notificaciones regulares, recordatorios y recursos adicionales.
Este esfuerzo entre el Gobierno de Canarias y Airbnb se ha llevado a cabo antes de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Unión Europea sobre arrendamientos de corta duración o de procedimientos sancionadores.
La siguiente fase del proceso se centra en las viviendas que carecen de registro tanto autonómico como estatal. “Aunque el decreto de ventanilla única representa una herramienta útil, todavía no se dispone de información completa sobre los propietarios ni las causas concretas de irregularidad que señala el Colegio de Registradores. La plataforma Airbnb ha mostrado su disposición a colaborar, pero la efectividad del decreto dependerá de una cooperación activa y el intercambio de datos entre administraciones y plataformas de comercialización”, señala la consejera.
“Es fundamental conocer las razones por las que determinados alojamientos no han obtenido el número de registro de arrendamiento de corta duración. En algunos casos, los defectos pueden ser subsanables y no dar lugar a sanción; en otros, se trata de instalaciones manifiestamente ilegales que deben ser retiradas o cerradas”, subraya De León.
El Gobierno de Canarias mantiene una hoja de ruta definida que incluye medidas legislativas, como el proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas para regular el alquiler vacacional, que está tramitándose en el Parlamento autonómico, actuaciones de inspección y control a nivel autonómico, de Cabildos y Ayuntamientos, y la colaboración con plataformas digitales para garantizar el cumplimiento de la normativa.
La consejera apunta que “este proceso no es puntual, sino que se desarrollará en varias etapas, pasando de la eliminación de la oferta ilegal en plataformas a la intervención directa en el terreno mediante inspección, sanción y clausura de instalaciones irregulares”.
Por su parte, el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, hace hincapié en que la futura aprobación del Proyecto de Ley permitirá activar planes de inspección y vigilancia más amplios, con la colaboración de la Policía Autonómica y los registros de la propiedad.
“El objetivo es claro: afrontar con seriedad un problema que ha afectado al equilibrio del modelo turístico de Canarias. Las medidas a corto plazo ya están surtiendo efecto, las de medio plazo consolidarán el proceso, y el fin último es construir una política pública eficaz y sostenible en el largo plazo”, afirma Rodríguez.
También subraya la importancia de garantizar el cumplimiento de la legalidad en el ámbito turístico, como elemento esencial para la convivencia, la calidad de vida de los residentes y la sostenibilidad económica y social. “El cumplimiento de la legalidad no es un capricho, es la base de la convivencia, de la prosperidad y de la sostenibilidad de nuestro territorio”, concluye.