Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El PSOE ha denunciado este jueves que en Canarias 11.691 personas tienen reconocido el derecho a recibir dependencia pero «no reciben absolutamente nada».
Denuncia que han hecho en rueda de prensa la secretaria de Organización del PSOE, Nira Fierro, y la senadora por Tenerife y responsable de este partido en materia de Dependencia, Marta Arocha, quienes han acusado al Gobierno regional de dar datos falsos.
Marta Arocha ha manifestado que el equipo de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha dado a 11.691 personas el reconocimiento en el Programa Individual de Atención (PIA) pero «no reciben absolutamente nada», y ha comentado que de esa cifra de PIA «falsos» 3.161 se han dado entre julio y agosto de este año.
En lo que va de año se han dado 4.000 PIA «falsos», ha asegurado Marta Arocha, quien ha señalado que los datos proceden del Imserso.
Según la responsable del PSOE canario en materia de Dependencia, Canarias es la única comunidad autónoma en la que ocurre algo así, y ha comentado que la cifra de prestaciones no efectivas de las islas, 11.691, representa el 21,55 por ciento del total del PIA, mientras que la media nacional es del 1,99 por ciento.
Al comparar los datos con los de Castilla y León, una comunidad autónoma con un número de población similar al de Canarias, se observa que el porcentaje de prestaciones no efectivas es en ese territorio peninsular del 4,48 por ciento, ha añadido Marta Arocha.
Ha explicado que esas 11.691 prestaciones se corresponden con las denominadas prestaciones vinculadas al servicio, que son una cantidad económica que se entrega para contratar servicios privados, y Nira Fierro ha asegurado que las empresas de ayuda a domicilio y las residencias están en las islas al máximo de su capacidad, por lo que es «imposible» contratar.
Además, ha criticado, la ayuda que se da es de 800 euros y con esta cantidad es «difícil» que se pueda contratar una residencia.
Pero lo peor, en palabras de Marta Arocha, es que según el decreto recientemente aprobado por el Gobierno de Canarias, que a su juicio es ilegal, si a los tres meses del reconocimiento no se contrata el servicio privado se da de baja a esas personas de su derecho.
La senadora socialista ha indicado que, conforme a los datos del Imserso, en lo que entre enero y agosto de este año en Canarias se ha dado de baja del sistema de dependencia a 1.400 personas que no han logrado contratar una prestación privada, y Marta Arocha cree que la gran mayoría de ellas no sabe que han sido dadas de baja.
Ha recordado que, además, la ley de dependencia es prestadora de servicios y las ayudas económicas deben darse de forma excepcional, por lo que el reconocimiento debe ser para ir a centros de día o residenciales o para recibir teleasistencia.
Pero como el Gobierno de Canarias no ha firmado los convenios con los cabildos no hay plazas porque son las corporaciones insulares las que llevan a cabo su gestión.
Ha agregado que en agosto de este año había 1.700 personas menos que en enero en centros residenciales, y 2.000 menos en teleasistencia, algo que para Marta Arocha es una muestra de que el Gobierno de Canarias «está desmantelando» el sistema público en beneficio del privado, que, ha agregado, «está colapsado».
También ha declarado Marta Arocha que en los ocho primeros meses de este año en Canarias fallecieron 5.457 personas esperando el reconocimiento de la dependencia, y como el gobierno regional ha dado de baja a 1.400 que no han logrado contratar un servicio privado, de la lista de espera han salido 6.857 personas.
La secretaria de Organización del PSOE de Canarias, Nira Fierro, ha insistido en que el gobierno actual es el de las «falsedades, las trampas y las mentiras» tanto en la implantación de la educación hasta los 3 años, como en la entrega de vivienda pública por su gestión y la bajada de la lisa de espera sanitaria.
Nira Fierro ha calificado de «desastrosa» la gestión del gobierno regional en dependencia cuando se reconoce a 11.691 personas el derecho a la dependencia pero no reciben prestación alguna, algo que consideró que es un «maltrato institucional». EFE