La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, recibió este martes al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Avello Formoso, quien presentó la Memoria de 2025 de la institución. Este documento recoge la situación actual de la Administración de Justicia en las islas, además de sus principales necesidades y desafíos.
Durante el encuentro, Avello Formoso destacó que la elaboración y presentación de esta memoria responde al compromiso de la institución de estar al servicio de la ciudadanía, explicando anualmente su labor a los ciudadanos. En este contexto, señaló que el Parlamento de Canarias es el espacio idóneo para presentar este balance, al ser la institución cuyas autoridades son elegidas directamente por el pueblo.
Astrid Pérez agradeció al presidente del TSJC la entrega de la memoria y subrayó la importancia de que las instituciones mantengan una comunicación constante sobre el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. «La Justicia es uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho, y conocer de primera mano su situación, necesidades y retos es esencial para que desde las instituciones podamos seguir trabajando en mejorar la respuesta que reciben los ciudadanos», añadió Pérez.
Avello Formoso explicó que la memoria proporciona una «foto fija» de la situación de la Justicia en Canarias y puso énfasis en el alto índice de litigiosidad que se registra en el Archipiélago, uno de los más elevados del país. A esto se suma, según explicó, un número de jueces por habitante inferior a la media nacional.
No obstante, destacó también el esfuerzo realizado por los órganos judiciales de Canarias, los cuales presentan uno de los mayores índices de resolución de asuntos en comparación con jueces de otras partes de España. «Damos una respuesta dentro de nuestras capacidades», señaló el presidente del TSJC, quien insistió en que la Justicia no puede permitirse que los procedimientos se prolonguen excesivamente, aunque las posibilidades de respuesta están condicionadas por los recursos disponibles.
Entre las medidas propuestas para reducir la litigiosidad, Avello Formoso pidió una mayor claridad en las normas y defendió la necesidad de incrementar la inversión en Justicia. En este sentido, indicó que aumentar los recursos destinados a la Administración de Justicia también significa apostar por la seguridad jurídica y el desarrollo económico de Canarias.
El presidente del TSJC señaló además que la litigiosidad ha aumentado en varios ámbitos, poniendo especial énfasis en el sector de la vivienda y la necesidad de preservar la seguridad jurídica. Explicó que la falta de seguridad jurídica puede llevar a que los propietarios abandonen el mercado, reduciendo así la oferta disponible, y advirtió que cualquier modificación normativa puede tener consecuencias significativas sobre la realidad económica y social.
En este marco, defendió la necesidad de actuar con prudencia al legislar y de evitar que las normas se formulen como respuestas inmediatas a situaciones sociales puntuales. En su opinión, «no se puede legislar en caliente», pues las decisiones legislativas pueden generar impactos importantes y duraderos en el tiempo.