Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La consejera de Bienestar Social del ejecutivo canario, Candelaria Delgado, ha pedido al Gobierno de España que busque centros en las islas para acoger a los menores solicitantes de asilo que no quieren ser trasladados a la península y que tienen arraigo en el archipiélago.
Delgado, que ha ofrecido una rueda de prensa tras la reunión semanal con la Secretaría de Estado de Migraciones para cumplir el auto del Tribunal Supremo que atribuye al Estado la tutela de los menores en situación de protección internacional, ha indicado además que Canarias tiene preparados 350 expedientes completos de esos menores «listos para enviar».
La semana pasada el Gobierno dijo que tenía plazas disponibles pero que el ejecutivo canario se retrasaba en los expedientes, lo que ha llevado a Delgado a aclarar que los expedientes están listos para enviar, pero siempre se ha esperado a que la Secretaría de Estado los solicitara.
«Esos expedientes se enviaban a medida que la Secretaría de Estado de Migraciones los solicitaba», así que «hemos dejado claro» que hay 350 expedientes completos y se enviarán «entre hoy y mañana».
De esa manera «el Estado podrá organizar todas las entrevistas necesarias o duplicar su número si lo considera oportuno, teniendo ya los expedientes y a los menores listos para derivación a territorio peninsular», ha aclarado Candelaria Delgado.
Según los últimos datos de la Consejería de Bienestar Social, Canarias se ocupa de 899 menores migrantes en situación de asilo y otros 187 pendientes de incorporarse al sistema de protección internacional, mientras que el Estado ha derivado a territorio peninsular a 191.
Otros 27 serán trasladados esta semana, siete de ellos niños de corta edad.
«Seguimos contando con 135 plazas disponibles de aquí a final de mes, listas para la derivación de menores hacia otras comunidades autónomas, es decir, hacia territorio peninsular», dijo Delgado.
Otros sesenta menores están a la espera de traslado alojados en el centro de atención estatal, el Canarias 50, ubicado en Gran Canaria, pero entre ellos hay 41 que han manifestado que tienen vínculos en las islas y que quieren quedarse, una vinculación que corresponde a la Fiscalía corroborar.
Una vez que la Fiscalía determine los que se pueden quedar en Canarias por tener efectivamente vínculos, el ejecutivo regional quiere que sea el Estado el que se ocupe de ellos en sus propios centros de acogida en las islas, al margen del sistema autonómico.
Según se puso de manifiesto en la reunión de coordinación de este martes, la Secretaría de Estado ha hecho la valoración de doce menores alojados en la isla de El Hierro, en centros de acogida de la comunidad autónoma, con vistas a agilizar el proceso.
A lo largo de esta semana se realizarán 16 entrevistas más en las oficinas de la Dirección General de Infancia.
La consejera ha señalado que también se ha pedido una reunión de todas las partes para agilizar las entrevistas, que se han ralentizado porque la Fiscalía está asistiendo a ellas.
Además de los menores en asilo pendientes de derivación, la Comunidad Autónoma tutela a otros 4.598 menores no acompañados, de los que tras la última reforma de la Ley de Extranjería 2.231 permanecerían en las islas y los otros 2.367 deben ser derivados a otras comunidades en aplicación de la declaración de contingencia migratoria en el archipiélago el pasado 29 de agosto.
Según esa reforma legal, los nuevos menores migrantes llegados desde el 29 de agosto, deberían ser trasladados a otras comunidades autónomas en el plazo de quince días.
Pero de las 54 nuevas llegadas que se han producido desde entonces solamente han salido cuatro, ha explicado la consejera.
Delgado atribuye esa demora a la lentitud de la Delegación del Gobierno de tramitar las salidas, no a reticencias de otras comunidades autónomas para recibirlos, que no se han producido.
Además de los quince días de plazo para derivar a los menores recién llegados, hay otros 450 expedientes concluidos por parte del Gobierno de Canarias para que vayan saliendo hacia la península, ha señalado la consejera de Bienestar Social. EFE
