Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha comparecido a petición propia en el pleno del Parlamento autonómico para pedir unidad de las fuerzas políticas si el Gobierno de España desoye el nuevo auto del Tribunal Supremo que le da quince días para asumir a los menores migrantes solicitantes de asilo, y ha subrayado que ya no quedan instancias a las que recurrir.
Todos los partidos, excepto Vox, le han ofrecido lealtad y colaboración al presidente en su política sobre los menores migrantes, si bien Sebastián Franquis, del PSOE, le ha reprochado que busque la confrontación permanente con el Gobierno de España en lugar de la lealtad institucional en un asunto que todas las administraciones tratan de solucionar.
«No quiero enfrentamiento», pero el Gobierno de Canarias no confunde la lealtad con «la sumisión», ha respondido Clavijo al representante socialista, y ha acusado al Gobierno de España de no cumplir con su obligación de atender a los menores solicitantes de asilo a pesar del mandato del Supremo, lo que deja al ejecutivo regional sin más instituciones a las que acudir.
La comparecencia de Fernando Clavijo se ha producido después de que el Supremo dictara la semana pasada su tercer auto desde marzo pasado en el que requiere al Gobierno de España que en el plazo de quince días integre a los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional (SNAPI).
Según los datos facilitados por Clavijo, Canarias tiene a su cargo actualmente 4.554 menores migrantes, y en marzo pasado había entre ellos más de mil solicitantes de asilo.
En este tiempo, el Estado ha asumido a 259, de los cuales 199 han sido trasladados a la península y 60 permanecen temporalmente en el recurso del Estado ‘Canarias 50’.
El auto del Supremo señala que el ritmo del Gobierno de España en la asunción de esos menores es totalmente insuficiente y da quince días para concluir el proceso, por lo que Clavijo considera que «ya no hay excusas» y el Estado debe facilitar un calendario claro y cumplirlo.
El presidente mostró su «frustración y la desesperación» porque Canarias asume «en solitario» la atención de los menores, y exigió al Estado que cumpla su obligación no solo de tutelar a los menores en situación de asilo, sino de garantizar que las comunidades autónomas asuman las cuotas que les corresponden del resto de migrantes menores en aplicación de la Ley de Extranjería.
Instó a las fuerzas políticas a «cerrar filas» en torno a estas demandas para proteger a los menores, que siguen hacinados en unos recursos «absolutamente saturados», y para defender los intereses de Canarias.
«Ya no sabemos qué más hacer, si el Estado desobedece al Supremo, no nos queda ninguna instancia más a la que recurrir», insistió el presidente.
Respuesta de los grupos
Sebastián Franquis, del PSOE, defendió el consenso político en este asunto, lo que en su día permitió la modificación de la Ley de Extranjería para el reparto obligatorio de menores entre todas las comunidades, a pesar de la oposición del PP.
«Solo desde el entendimiento y la cooperación institucional podremos abordar este problema con eficacia», dijo Franquis, y por eso lamentó la «confrontación permanente» que a su juicio busca Clavijo con el Gobierno de España.
Apeló al pacto, el diálogo y el respeto con las demás administraciones porque comparten el mismo interés que el Gobierno de Canarias, que es «dar una respuesta adecuada y humana» a los menores migrantes.
«A pesar de su modo de actuar, el Partido Socialista sigue y seguirá apostando por la cooperación, el diálogo y el respeto institucional», garantizó Franquis a Clavijo.
José Miguel Barragán, de CC, exigió el cumplimiento del auto judicial, subrayó que el Supremo califica de «inadmisible» el ritmo de ejecución de las derivaciones y recordó que hay 259 menores tutelados por el Estado, pero Canarias dispone de 550 expedientes ya listos.
Canarias ha sido leal, «ahora corresponde lealtad con la ley y con el auto del Supremo al Gobierno de Pedro Sánchez, basta de dilaciones», dijo Barragán.
La representante del PP, Luz Reverón, afirmó que en una situación de emergencia no es admisible «ni la complacencia ni el silencio del PSOE» o que el Gobierno de España incumpla la ley y el Estado de Derecho.
Luis Campos, de Nueva Canarias, coincidió en que el Gobierno de España no está respondiendo ni «está a la altura», si bien también acusó al PP de boicotear la derivación de los demás menores que no están en asilo cuando les toca a sus comunidades autónomas asumirlos.
El portavoz de Vox, Nicasio Galván, dijo a Clavijo que no puede extrañarse de que Pedro Sánchez incumpla sus compromisos y aunque mostró su temor de que el asilo sea un nuevo «efecto llamada», exigió el cumplimiento del auto del Supremo, pero también la Ley de Extranjería para que sean deportados los inmigrantes en situación irregular.
Casimiro Curbelo, de ASG apeló a la coherencia de todos los grupos parlamentarios en la exigencia al Estado para que cumpla con sus obligaciones, si bien matizó que hay mucha «complejidad» en el desarrollo de la respuesta por la dificultad de encontrar plazas cuando algunas comunidades no están cooperando.
Por el grupo Mixto, Raúl Acosta, de AHI, afirmó que los autos judiciales deben cumplirse y advirtió de que «ignorarlos podría constituir un acercamiento a la prevaricación». EFE
