El Gobierno de Canarias desmiente a ODESOCAN y asegura que no se dejará de conceder esta prestación económica porque está plenamente respaldada por la normativa estatal y autonómica
El Gobierno de Canarias desmiente rotundamente las afirmaciones difundidas hoy por el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (ODESOCAN), según las cuales el Ejecutivo “dejará sin asistencia personal a las personas en situación de dependencia a partir de enero” y “apagará” este derecho.
El Ejecutivo autonómico aclara que la asistencia personal está reconocida en la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que la define como un apoyo profesional para fomentar la vida independiente, y que el artículo 19 de esa misma ley contempla expresamente la prestación económica de asistencia personal como una de las formas de provisión del servicio.
Asimismo, la Ley 16/2019, de Servicios Sociales de Canarias, incluye la asistencia personal entre las prestaciones del sistema público canario de servicios sociales, de modo que no se trata de una ayuda discrecional ni opcional, sino de una figura reconocida en el catálogo de derechos de la ciudadanía canaria.
“La asistencia personal está en la Ley de Dependencia, está en la Ley Canaria de Servicios Sociales y va a seguir existiendo en Canarias. Las personas en situación de dependencia que tienen reconocida esta prestación seguirán recibiéndola y se seguirán concediendo nuevas prestaciones, de acuerdo con la normativa estatal y autonómica”, ha subrayado la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado.
El Gobierno de Canarias recuerda que en 2023 el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia aprobó un acuerdo que define las condiciones específicas de acceso a la asistencia personal, fijando requisitos para la prestación del servicio y para la concesión de la prestación económica. La Comunidad Autónoma está adaptando su normativa y sus procedimientos a este marco común, tal y como están haciendo el resto de comunidades autónomas.
En este contexto, la enmienda introducida en la Ley de Presupuestos no elimina la prestación ni la deja “en el aire”, como sostiene ODESOCAN, sino que habilita su desarrollo reglamentario y presupuestario para consolidar un modelo de asistencia personal alineado con el acuerdo estatal y con la cartera de servicios de Canarias. Ni la entrada en vigor del Presupuesto de 2026 ni el trabajo de actualización normativa implican que se dejen de resolver solicitudes o que se retiren prestaciones ya reconocidas.
El Ejecutivo también recuerda que Canarias cuenta por primera vez con un servicio acreditado de asistencia personal, y que la intención del Gobierno es seguir ampliando el número de entidades acreditadas para garantizar que esta forma de apoyo llegue a más personas en situación de dependencia y discapacidad.
“Es profundamente injusto generar alarma entre las familias diciendo que ‘se quedan sin nada’ cuando es falso. Estamos ampliando el mapa de recursos, hemos iniciado por primera vez el servicio de asistencia personal en Canarias y seguiremos desarrollando tanto el servicio como la prestación económica. Nuestro compromiso es con la autonomía de las personas, no con los titulares alarmistas”, ha señalado la titular del departamento.
El Gobierno de Canarias reitera que ninguna persona que tenga reconocida la prestación económica de asistencia personal va a perderla por la entrada en vigor del Presupuesto, y que las nuevas solicitudes se seguirán tramitando conforme a la Ley 39/2006, a la Ley 16/2019 y al acuerdo del Consejo Territorial. Cualquier modificación futura del catálogo o de las cuantías se hará siempre dentro del marco legal y con plena seguridad jurídica para las personas beneficiarias.
Por último, el Ejecutivo tiende la mano a las entidades sociales para aclarar cuantas dudas puedan surgir sobre el desarrollo de la asistencia personal en Canarias, pero pide responsabilidad a la hora de trasladar mensajes a la opinión pública: no es aceptable afirmar que se “apaga un derecho” cuando la asistencia personal está reconocida en la legislación estatal y autonómica y el Gobierno está trabajando precisamente para reforzarla y extenderla.
