«La sentencia confirma que el registro estatal era injusto y desproporcionado», asegura el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez
El Gobierno de Canarias considera que la decisión del Tribunal Supremo (TS) de anular el registro único estatal de alquileres de corta duración confirma las advertencias que desde hace un año venía realizando la comunidad autónoma sobre la inseguridad jurídica y la invasión competencial que suponía la norma impulsada por el Ministerio de Vivienda.
La sentencia avala precisamente uno de los principales argumentos defendidos antes de su entrada en vigor por la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, que el Reglamento europeo no obligaba a implantar un registro estatal único ni alteraba el reparto competencial existente entre el Estado y las comunidades autónomas. La duplicidad administrativa generada por el Ejecutivo central fue, por tanto, una decisión política y no una exigencia de Bruselas.
De León trasladó hace un año en el Parlamento autonómico su preocupación por «el escenario de auténtica incertidumbre» generado por la aplicación del Real Decreto de Ventanilla Única Digital para el registro y control de alojamientos turísticos de corta duración.
En ese sentido, desde Canarias se había advertido de la falta de claridad sobre los requisitos exigidos a los propietarios, las dudas existentes sobre qué tipos de alojamientos debían registrarse y la ausencia de información sobre la coordinación entre la futura ventanilla única estatal y los sistemas autonómicos ya existentes.
Además, tanto los cabildos insulares como el propio sector turístico habían alertado del colapso administrativo derivado de la doble inscripción y de las dificultades materiales para cumplir con los plazos establecidos por el Gobierno central.
El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, señala que la Consejería de Turismo y Empleo acoge «con satisfacción, pero no con alegría» la sentencia del TS, ya que «triunfa el Estado de Derecho y se esgrimen argumentos coincidentes con los defendidos por Canarias y anticipados incluso por el propio Consejo de Estado».
Rodríguez lamenta, no obstante, «el tiempo perdido» por la falta de diálogo del Gobierno de España con las comunidades autónomas y con el sector, así como «el enorme perjuicio y desasosiego causado a miles de operadores», especialmente en municipios rurales, de medianías o afectados por el reto demográfico.
En este sentido, recuerda que el Real Decreto obligaba en muchos casos a realizar inscripciones registrales con elevados costes económicos que dejaban fuera de la actividad turística a pequeños propietarios sin capacidad para asumir esos gastos. «Desde el primer momento advertimos no solo de que era una medida ilegal, sino también injusta y desproporcionada», subraya.
También muestra su preocupación por las consecuencias sufridas por muchos propietarios a quienes se les revocaron números provisionales o fueron señalados públicamente como si desarrollaran una actividad ilegal, cuando, según indica, «la ausencia de un número estatal de registro no convierte ni la actividad ni el inmueble en ilegal».
El Ejecutivo autonómico también había mostrado su preocupación por la inseguridad jurídica que generaba la obligación de inscribir las viviendas en el registro estatal, una exigencia que, según se advirtió, entraba en contradicción con la legislación hipotecaria española y podía dejar fuera de las plataformas de comercialización a miles de propietarios, especialmente en las islas verdes y en el ámbito rural.
Rodríguez insiste en que las normas deben elaborarse «desde el rigor jurídico, el respeto al reparto competencial y al ordenamiento europeo y nacional», y lamentó que se optara por «planteamientos más ideológicos, economicistas y contrarios a los principios de simplificación administrativa y reducción de cargas».
El Gobierno de Canarias reitera que comparte la necesidad de ordenar y regular la actividad del alquiler vacacional, motivo por el cual impulsó la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas y ha participado activamente en todas las reuniones técnicas convocadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
No obstante, la Consejería vuelve a incidir en que cualquier regulación debe construirse desde el diálogo, el consenso y el respeto a las competencias autonómicas, especialmente en territorios como Canarias, donde el turismo constituye el principal motor económico y social.
Rodríguez recuerda que ya había solicitado una prórroga de la entrada en vigor del real decreto y presentado un recurso contra la norma, precisamente por las dudas jurídicas y operativas que ahora vienen a quedar reforzadas tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo.
Por último, Miguel Ángel Rodríguez expresa su deseo de que «impere la razón» y el Gobierno de España abra ahora una etapa de «diálogo constructivo y rigor jurídico», evitando procesos normativos impulsados «desde la pura ideología o desde planteamientos electoralistas y propagandísticos».
