La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, condena a 12 años de cárcel y al pago de una multa de 600 millones de euros al armador del buque Simione por organizar el transporte, desde África, de 2.866 kilos de cocaína, los cuales fueron intervenidos el 18 de diciembre de 2022.
El tribunal considera probado que el acusado cometió un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, concurriendo el subtipo agravado de extraordinaria gravedad, en atención a la cantidad de droga incautada y al uso de embarcaciones como medio de transporte.
La Sala impone, además, a los tres tripulantes del buque, como autores del mismo delito, penas de prisión de diez años; nueve años y medio; y siete años y medio -tiene en cuenta la atenuante de confesión tardía-. La multa establecida para los dos primeros es de 500 millones de euros a cada uno y, para el tercero, de 220 millones.
Además, condena a otro acusado a seis años de prisión y al pago de una multa de 230.000 euros por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia, derivado de la droga incautada en registros efectuados en tierra. El sospechoso reconoció que desarrollaba la actividad de acopio y lucrativa distribución de estupefacientes en el mercado ilícito.
En el relato de hechos probados de la sentencia, los magistrados afirman que el principal acusado, “en su condición de armador”, organizó la salida del buque del puerto de Luanda (Angola), encargándose de proveer el barco de tripulación -entre la que estaban dos de los condenados- y ejerciendo “el control y dirección de la embarcación a través de comunicaciones diarias” con uno de los tripulantes.
El 28 de noviembre de 2022, el armador, según consta en el fallo, viajó a Dakar (Senegal) “a fin de coordinar el atraque de la embarcación, gestionar el repostaje de combustible, la carga de víveres y el embarque de nuevos tripulantes”, entre los que se encontraba el tercer condenado, también “conocedor de la finalidad ilícita de la travesía”.
“En fecha no concretada de principios de diciembre de 2022, el Simione partió del puerto de Dakar, tripulado únicamente por los tres acusados, quienes, siguiendo las coordenadas que previamente había facilitado el armador, navegaron hasta el punto convenido al sureste de las islas de Cabo Verde, donde de otro barco no identificado recibieron el cargamento de cocaína, tras lo cual emprendieron rumbo hacia las costas españolas, manteniendo el armador el control de la singladura de la embarcación a través de las comunicaciones diarias”, relata el tribunal.
La Sala destaca que la droga, distribuida en 115 fardos, que contenían un total de 2.949 paquetes, tenía un peso neto de 2.866,52 kilos y una pureza del 77,3 %, con un valor estimado en el mercado ilícito de más de 106 millones de euros.
Los jueces concluyen en la resolución que la conducta reviste especial gravedad, dado que la cantidad de droga “excede sobradamente” los umbrales de notoria importancia, así como la aptitud del uso de embarcaciones para facilitar la distribución y evitar el descubrimiento de los hechos.
En la sentencia, desestiman las alegaciones de nulidad de la validez de las pruebas obtenidas durante la investigación. La sentencia no es firme, pues puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del TSXG.
La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, condena a 12 años de cárcel y al pago de una multa de 600 millones de euros al armador del buque Simione por organizar el transporte, desde África, de 2.866 kilos de cocaína, los cuales fueron intervenidos el 18 de diciembre de 2022.
El tribunal considera probado que el acusado cometió un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, concurriendo el subtipo agravado de extraordinaria gravedad, en atención a la cantidad de droga incautada y al uso de embarcaciones como medio de transporte.
La Sala impone, además, a los tres tripulantes del buque, como autores del mismo delito, penas de prisión de diez años; nueve años y medio; y siete años y medio -tiene en cuenta la atenuante de confesión tardía-. La multa establecida para los dos primeros es de 500 millones de euros a cada uno y, para el tercero, de 220 millones.
Además, condena a otro acusado a seis años de prisión y al pago de una multa de 230.000 euros por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia, derivado de la droga incautada en registros efectuados en tierra. El sospechoso reconoció que desarrollaba la actividad de acopio y lucrativa distribución de estupefacientes en el mercado ilícito.
En el relato de hechos probados de la sentencia, los magistrados afirman que el principal acusado, “en su condición de armador”, organizó la salida del buque del puerto de Luanda (Angola), encargándose de proveer el barco de tripulación -entre la que estaban dos de los condenados- y ejerciendo “el control y dirección de la embarcación a través de comunicaciones diarias” con uno de los tripulantes.
El 28 de noviembre de 2022, el armador, según consta en el fallo, viajó a Dakar (Senegal) “a fin de coordinar el atraque de la embarcación, gestionar el repostaje de combustible, la carga de víveres y el embarque de nuevos tripulantes”, entre los que se encontraba el tercer condenado, también “conocedor de la finalidad ilícita de la travesía”.
“En fecha no concretada de principios de diciembre de 2022, el Simione partió del puerto de Dakar, tripulado únicamente por los tres acusados, quienes, siguiendo las coordenadas que previamente había facilitado el armador, navegaron hasta el punto convenido al sureste de las islas de Cabo Verde, donde de otro barco no identificado recibieron el cargamento de cocaína, tras lo cual emprendieron rumbo hacia las costas españolas, manteniendo el armador el control de la singladura de la embarcación a través de las comunicaciones diarias”, relata el tribunal.
La Sala destaca que la droga, distribuida en 115 fardos, que contenían un total de 2.949 paquetes, tenía un peso neto de 2.866,52 kilos y una pureza del 77,3 %, con un valor estimado en el mercado ilícito de más de 106 millones de euros.
Los jueces concluyen en la resolución que la conducta reviste especial gravedad, dado que la cantidad de droga “excede sobradamente” los umbrales de notoria importancia, así como la aptitud del uso de embarcaciones para facilitar la distribución y evitar el descubrimiento de los hechos.
En la sentencia, desestiman las alegaciones de nulidad de la validez de las pruebas obtenidas durante la investigación. La sentencia no es firme, pues puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del TSXG.
