Ambos gobiernos trasladan a la presidenta de la Comisión Europea su preocupación por la falta de diálogo del Estado en la implementación del nuevo marco europeo
Los dos ejecutivos advierten de que los territorios que asumen las consecuencias prácticas de la migración no pueden quedar al margen de la información, la coordinación y la toma de decisiones
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el lehendakari del Gobierno Vasco, Imanol Pradales, han remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para reclamar que las comunidades autónomas participen de forma efectiva en la planificación, implementación, seguimiento y evaluación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que entró en vigor el pasado 12 de junio.
En la misiva, ambos gobiernos trasladan a la presidenta de la Comisión Europea su “profunda preocupación” por la ausencia de un proceso real, previo y efectivo de diálogo, coordinación y planificación con el Gobierno de España en relación con la implementación del nuevo marco europeo.
Canarias y Euskadi sostienen que la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo solo podrá ser eficaz, ordenada y garantista si incorpora de manera efectiva la realidad de los territorios que van a asumir buena parte de sus consecuencias prácticas.
Ambos gobiernos precisan que no pretenden trasladar al ámbito europeo una controversia interna, sino advertir de una carencia de gobernanza multinivel que puede afectar a la calidad democrática, a la eficacia operativa y a la protección de los derechos fundamentales.
En la carta, Canarias y Euskadi recuerdan que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo modifica de manera sustancial el marco de gestión de las llegadas, los procedimientos fronterizos, la protección internacional, los retornos, el registro de datos, los mecanismos de solidaridad y la coordinación entre administraciones.
Sin embargo, denuncian que las comunidades autónomas no han participado hasta la fecha en un espacio formal de análisis, planificación y seguimiento que permita conocer la estrategia estatal, anticipar sus consecuencias, definir responsabilidades o evaluar sus implicaciones competenciales, presupuestarias y operativas.
Los dos gobiernos consideran que esta ausencia de diálogo resulta especialmente preocupante porque el propio enfoque europeo subraya la necesidad de implicar a las autoridades regionales y locales, a los interlocutores sociales y a la sociedad civil en la preparación y despliegue de los planes nacionales de implementación.
“La participación de los territorios no es una formalidad ni una cortesía institucional: es una condición imprescindible para que las políticas públicas funcionen sobre el terreno”, trasladan ambos gobiernos a la presidenta de la Comisión Europea.
Canarias y Euskadi representan dos realidades territoriales distintas, pero complementarias, dentro de los itinerarios migratorios que atraviesan Europa. Canarias es frontera exterior de la Unión Europea y principal punto de entrada de la Ruta Atlántica, mientras que Euskadi es frontera norte del Estado y territorio de tránsito hacia otros países europeos.
Ambas realidades, señalan, exigen planificación compartida, información previa, financiación suficiente, protocolos claros y mecanismos estables de cooperación institucional.
En el caso de Canarias, las incertidumbres afectan de manera directa a la capacidad de respuesta ante los procedimientos de control previo en frontera, a la eventual presión sobre los recursos de acogida y a la necesidad de una distribución equitativa de responsabilidades.
En el caso de Euskadi, la falta de reconocimiento institucional de su realidad como frontera norte dificulta la planificación de la atención en Irún, en el Bidasoa, en los recursos de acogida, en los servicios sociales, en el sistema sanitario, en las diputaciones forales, en los ayuntamientos y en las entidades del tercer sector que acompañan diariamente a las personas migrantes.
“La solidaridad europea debe tener también una traducción territorial”
Los Gobiernos de Canarias y Euskadi advierten de que el mecanismo europeo de solidaridad debe tener una traducción interna clara dentro del Estado español.
Ambos ejecutivos sostienen que la solidaridad entre Estados miembros debe ir acompañada de una solidaridad territorial real dentro de cada Estado, de forma que los territorios más expuestos no asuman una presión desproporcionada sin los instrumentos, los recursos y la información necesarios para responder con garantías.
Canarias y Euskadi reclaman que la corresponsabilidad no se limite al ámbito europeo, sino que se aplique también dentro del Estado mediante mecanismos estables, financiación suficiente y criterios de distribución equitativos.
La carta también reclama que el Gobierno de España comparta información completa, oficial y previa sobre las denominadas instalaciones designadas o cualquier otro centro o dispositivo vinculado a los procedimientos previstos en el Pacto.
Canarias y Euskadi consideran necesario conocer su ubicación, función, capacidad, perfiles atendidos, condiciones materiales, garantías jurídicas, asistencia letrada, traducción, papel de las administraciones autonómicas y locales, financiación y mecanismos de control institucional.
“Ninguna instalación vinculada al Pacto puede funcionar como una caja negra administrativa ni activarse sin conocimiento y coordinación con las instituciones del territorio”, advierten ambos gobiernos.
Protección a la infancia
La atención a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados ocupa también un lugar destacado en la carta remitida a Von der Leyen.
Canarias y Euskadi señalan que el nuevo marco europeo no resuelve por sí mismo un desafío que continúa recayendo de forma intensa sobre determinadas comunidades autónomas.
En este sentido, ambos gobiernos defienden que la protección de la infancia exige instrumentos de cooperación, criterios de reparto equitativo, financiación suficiente y garantías homogéneas en todo el territorio.
Por todo ello, Canarias y Euskadi solicitan a la Comisión Europea que tome conocimiento de esta situación y que, en el ejercicio de sus funciones de seguimiento y control político de la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, tenga en cuenta la necesidad de asegurar que los Estados miembros incorporen de manera efectiva a las autoridades regionales y locales en la preparación, implementación, seguimiento y evaluación de sus planes nacionales.
Asimismo, los dos ejecutivos consideran necesario que las instituciones europeas velen por que la aplicación del Pacto no se limite a una lógica administrativa o fronteriza, sino que integre una perspectiva de derechos, cohesión territorial, inclusión, protección social, infancia, salud, convivencia y participación de las instituciones que trabajan directamente sobre el terreno.
Canarias y Euskadi han solicitado también al Gobierno de España la convocatoria urgente de un espacio de trabajo político y técnico que permita conocer la estrategia completa de implementación, evaluar sus implicaciones y acordar mecanismos eficaces de cooperación.
Ambos gobiernos defienden que esta solicitud responde a una necesidad objetiva, ya que las comunidades autónomas no pueden ser meras receptoras de decisiones adoptadas sin su participación cuando son, precisamente, quienes deben afrontar muchas de sus consecuencias prácticas.
La carta concluye con una apelación a la necesidad de que el Estado impulse un plan estructural migratorio, estable, integral y compartido, que aborde todo el espectro migratorio: tránsito, acogida, protección internacional, permisos, inclusión, menores, convivencia, empleo, vivienda, frontera atlántica, frontera norte y coordinación transfronteriza.
“La migración hace tiempo que dejó de ser una realidad coyuntural y no puede seguir gestionándose mediante respuestas parciales, tardías o fragmentadas”, trasladan Canarias y Euskadi a la presidenta de la Comisión Europea.
Los dos gobiernos reiteran que quieren formar parte de la solución, pero subrayan que para ello es imprescindible formar parte también de la información, de la planificación y de la decisión.
A su juicio, la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo debe ser una oportunidad para reforzar la corresponsabilidad, la solidaridad y la dignidad humana, y no para consolidar dinámicas de unilateralidad, opacidad o improvisación.
